Con mil 164 personas aún sin localizar y solo tres sentencias en una década, los grupos de búsqueda exigen saber cuál es el trabajo real de las autoridades
Las cifras oficiales de fosas clandestinas en Baja California Sur no resisten la comparación con los datos que los propios colectivos de búsqueda han documentado con nombre, fecha y coordenadas. Solo en dos puntos del municipio de La Paz —El Cajoncito y la carretera a San Juan de la Costa— el Colectivo Búsqueda X La Paz contabilizó 140 cuerpos en 103 inhumaciones clandestinas durante los últimos dos años en solo dos puntos, según reveló el Semanario ZETA.
El Gobierno del Estado, a través de la Fiscalía Especializada, presentó un total de 156 cadáver3s en 113 fosas para el municipio de La Paz en el periodo que va de 2017 a junio de 2026. La diferencia con los datos del colectivo es mínima en apariencia, pero encubre una omisión grave: los 140 cuerpos del colectivo corresponden solo a esas dos zonas y solo a los últimos dos años, sin incluir Los Planes, El Centenario ni otros puntos de búsqueda activa.
Lo que los números oficiales no explican
“Sólo en San Juan de la Costa llevamos 97 fosas localizadas con restos del 2016 al 2020; en El Cajoncito, 43 fosas”, señaló Iris Manríquez, representante y fundadora del Colectivo Búsqueda X La Paz, ante ZETA. Su conclusión fue directa: “Si son 140 y me están dando 156 cuerpos, creo que nos hace falta aquí más fosas y más cuerpos localizados”.
En San Juan de la Costa, las 72 fosas arrojaron 97 osamentas, de las cuales 28 permanecen sin identificar. En El Cajoncito, las 31 inhumaciones clandestinas dejaron 43 cuerpos recuperados, con 23 sin identificación. Las víctimas de San Juan de la Costa habrían sido privadas de la vida entre 2016 y 2020; las de El Cajoncito, entre 2021 y 2024, ya durante la administración de Víctor Castro.
Manríquez fue más lejos en sus señalamientos: “También nosotros tenemos casi 200 cuerpos localizados por parte del colectivo; tenemos la zona, tenemos las fosas y los nombres y las personas que ya han sido identificadas y entregadas”. La pregunta que lanzó al aire quedó sin respuesta institucional: “¿Y el trabajo que han hecho ustedes como autoridades, cuál es?”
Las cifras de la Fiscalía y sus vacíos
La titular de la Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición, Flor Leticia Peña Martínez, presentó un recuento por municipios. En Los Cabos: 46 fosas, 61 cadáver3s, 28 sin identificar. En Comondú: 43 fosas, 57 cadáveres, 24 pendientes; solo en los primeros meses de 2026 ya suman 25 cuerpos en ese municipio. En Mulegé: 16 fosas, 18 cadáveres, 11 sin resolver.
Peña Martínez también detalló el estado de las carpetas de investigación. De 4.022 expedientes abiertos desde 2016, que agrupan a 3.878 personas, se localizaron con vida 2.453 y sin vida 261. Hay mil 164 personas pendientes de localizar. De más de mil 100 carpetas, solo seis han sido judicializadas y apenas tres resultaron en sentencia.
Los colectivos denunciaron además que la Fiscalía Especializada construyó sus datos a partir de las páginas públicas de los propios grupos de búsqueda, sin trabajo de campo propio verificable.
Lupita y la denuncia que resume la crisis
“En Baja California Sur sí están trabajando; trabajan para sepultar las fosas clandestinas encontradas, por desaparecer a los desaparecidos, por maquillar la violencia que vivimos las familias”, denunció ante ZETA Lupita, madre buscadora de La Paz. Su acusación fue contundente: “Ellos solamente van a recoger los cuerpos que nosotros encontramos y que nosotros sacamos con nuestras manos”.
Mientras los colectivos recorren terrenos arenosos con espinas y temperaturas extremas, la segunda y última sesión ordinaria del Mecanismo Estatal de Coordinación en Materia de Búsqueda de Personas tuvo un paréntesis de un año y medio: su última reunión antes de junio de 2026 había sido en diciembre de 2024.
Un matrimonio desaparecido y un trato que indigna
El 14 de junio, Amor de Jesús Uris López Alvarado, de 44 años, y su esposa Martina Oliver López Soto, de 49, fueron privados de la libertad por personas armadas mientras trabajaban en su negocio de lavado de alfombras en la colonia La Colosio de San José del Cabo. Al cierre de la edición de ZETA, sus familiares seguían sin noticias.
El caso se suma a una denuncia anterior del Colectivo Búsqueda San José del Cabo: el 15 de abril, tras hallar una fosa en Los Cabos con un hombre joven —identificable por sus tenis Converse blancos talla 9.5 y una chamarra aborregada de cuadros blanco y negro—, documentaron que las autoridades trasladaron los restos sin ninguna protección. “Muy probablemente lo encajuelaron igual para traerlo y enterrarlo aquí, y ahora está igual, encajuelado”, señaló Rosalba Ibarra, representante del colectivo.
El grupo expresó su repudio total: “No son basura, señores; son seres humanos”.
El mensaje a los sicari0s y el llamado institucional
Ibarra también dirigió un mensaje directo a quienes operan la violencia: “Señores sicarios, con todo el respeto que por miedo nos han obligado a tenerles, les digo: las mujeres buscadoras no somos sus enemigas; muy probablemente seamos nosotros quien acompañemos a sus esposas, madres e hijos a buscarlos el día que ustedes tampoco sean necesarios en su sistema”.
El secretario general de Gobierno, Saúl González Núñez, reconoció que la atención a los colectivos quedó rezagada y asumió el compromiso de retomar reuniones al menos trimestrales. “El tema que más les preocupa es el silencio de no poder tener el acceso a las autoridades”, admitió ante ZETA.
González también planteó que la velocidad de respuesta en los primeros minutos tras una desaparición es determinante. Propuso activar flujos de comunicación inmediata entre familias y fuerzas de seguridad para agilizar la búsqueda desde el momento del reporte.
Lonas retiradas y atención psicológica pendiente
Otro frente de tensión involucra al Ayuntamiento de La Paz: los colectivos denunciaron que funcionarios municipales retiraron lonas y fichas de búsqueda colocadas en espacios públicos. Lizeth Collins, comisionada estatal de Búsqueda de Personas, calificó la práctica de afectación directa a las labores de localización y reiteró el llamado a no retirar cédulas de ningún espacio.
Manríquez también planteó la necesidad de atención psicológica estructurada para las familias, incluidos los menores. Propuso organizar grupos por municipio y sesiones con niños de edades similares: “Yo sé que es un tema un poco más sensible también, pero ver la manera en que se pueda hacer grupos de niños que se puedan trabajar a lo mejor con tres o cuatro de la misma edad”.
La demanda de fondo permanece sin respuesta: que las autoridades activen los protocolos de búsqueda de forma inmediata y no oculten información. Los colectivos lo sintetizaron en una frase: “Los queremos vivos, no muert0s”.
Información de Infobae
