El Diputado electo llevará al Congreso local propuestas para reformar Código Penal de Coahuila, revisando las retenciones de salarios en caso de imputaciones contra maestros frente a un grupo
Por Alejandro Martínez
La Prensa
SALTILLO, COAHUILA.-Como parte de su proyecto legislativo rumbo al próximo periodo ordinario, que iniciará en septiembre, el Diputado local Álvaro Moreira Valdés planteará fortalecer la seguridad laboral de los docentes en sus centros de trabajo, así como revisar la suspensión o retención de salarios en casos derivados de imputaciones relacionadas con su labor frente a grupo.
“Para el próximo periodo legislativo centraré mis propuestas en el sector educativo, abordando temas como la salud emocional de alumnos y maestros, así como la seguridad dentro de los planteles. Impulsaré la creación de mesas de trabajo y foros con la comunidad escolar para avanzar en iniciativas que garanticen la seguridad de alumnos, docentes y personal administrativo en las aulas”, puntualizó.
Moreira Valdés destacó que entre los proyectos que retomará se encuentra una iniciativa que quedó pendiente antes del proceso electoral, motivada por la agresión que sufrió un maestro a manos de un exalumno en una escuela secundaria hace algunos meses.
Dicha propuesta busca adecuar el Código Penal de Coahuila para brindar mayor protección jurídica y física a los profesores en el ejercicio de su labor.
Asimismo, señaló la necesidad de revisar los protocolos y estándares mínimos de seguridad en la infraestructura escolar, al advertir que, en algunos planteles, bajo el programa La Escuela es Nuestra, no siempre se han seguido las normas de seguridad correspondientes, lo que ha derivado en accidentes.
Finalmente, el legislador se comprometió a revisar una de las demandas más sentidas del magisterio: la suspensión total de salarios a docentes que se encuentran bajo investigación, tras señalamientos de padres de familia, compañeros o estudiantes, por diversas conductas administrativas, sin que exista aún una sentencia o resolución judicial.
Calificó esta práctica como injusta, y aclaró que no se trata de proteger a nadie, sino de garantizar procesos equilibrados que salvaguarden tanto los derechos de los alumnos como de los maestros, y de la comunidad educativa en general. (Con información de El Diario de Coahuila).
