Rubén Moreira Valdez
En diciembre de 1984, la ciudad india de Bhopal fue escenario de uno de los peores desastres industriales de la historia. Una fuga de isocianato de metilo en una planta de pesticidas expuso a más de 500 mil personas a una nube tóxica. Las cifras oficiales registraron 2,259 muertes inmediatas; con el paso de los meses, el número total de fallecidos superó las 25 mil personas. En aquel entonces, el imprudente gobierno de la India ignoró las advertencias. Cuatro décadas después, parece que los gobiernos de Morena no conocen ni entienden esa lección histórica, pues hoy en México se desarrolla un proyecto que, por sus riesgos, evoca el caso de Bhopal. Todo apunta a que están dispuestos a correr el riesgo de repetir una tragedia de enormes proporciones, pero ahora en nuestro país.
La Bahía de Ohuira, en Topolobampo, Sinaloa, parece haberse convertido en uno de esos lugares donde se olvidan las lecciones de la historia. Desde hace años, comunidades indígenas, pescadores y ciudadanos han mantenido una resistencia constante contra la construcción de una planta de amoniaco impulsada por Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), un proyecto que pretende producir 2,200 toneladas diarias de amoniaco, destinadas principalmente a la fabricación de fertilizantes y a la exportación.
Morena habla de inversión, empleos y desarrollo. Sin embargo, las propias comunidades advierten una realidad muy distinta. La Bahía de Ohuira es un ecosistema de enorme riqueza biológica, vinculado al Golfo de California. En sus aguas se desarrolla una importante actividad pesquera y habitan especies que dependen de sus manglares, praderas marinas, humedales y zonas costeras. Especialistas y habitantes de la región han advertido sobre los riesgos asociados a la operación de la planta, que extraerá 2,000 metros cúbicos de agua de mar por hora para, posteriormente, devolverla al océano con un incremento en su temperatura y salinidad, lo que podría provocar una grave afectación a los ecosistemas marinos.
Pero eso no es todo. Además de las alteraciones y la contaminación del ecosistema marino, se estima que el proyecto podría acabar con el 60% de la producción camaronera del puerto. Más de 3,500 pescadores corren el riesgo de ver comprometida la actividad económica que ha sostenido a sus comunidades durante generaciones. La devastación de la región también afectaría el turismo de Topolobampo, pues los visitantes llegan atraídos por la extraordinaria belleza natural de la zona.
Cabe agregar que esta bahía forma parte del Sistema Lagunar Santa María-Topolobampo-Ohuira, un humedal de importancia internacional reconocido por la Convención Ramsar y considerado uno de los ecosistemas costeros más valiosos del noroeste de México. Su vegetación, esteros y cuerpos lagunares sostienen una extraordinaria biodiversidad de flora y fauna. Cientos de aves, reptiles y mamíferos terrestres y marinos dependen directamente de la salud de estos ecosistemas.
Desde Topolobampo hasta Alemania se escucha el lema “¡Aquí no!”, que se ha convertido en mucho más que una consigna ciudadana. Resume el rechazo de quienes observan cómo un ecosistema estratégico, una actividad económica tradicional y las preocupaciones de las comunidades indígenas parecen no tener importancia para las autoridades federales. En 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio la razón a las comunidades mayo-yoreme al reconocer que el proyecto había sido autorizado sin una consulta indígena previa, libre e informada. Sin embargo, denuncian que el nuevo proceso ignoró elementos esenciales de su cosmovisión, mientras la construcción continuó avanzando pese a la falta de consenso y a las reiteradas inconformidades de la comunidad.
Durante años, Morena construyó buena parte de su discurso alrededor de la reivindicación de los pueblos originarios. López Obrador recorrió el país vistiendo prendas tradicionales de comunidades indígenas y utilizando su imagen, sus símbolos y su cultura para construir una narrativa política. Sin embargo, en Ohuira los hechos desmontan esa puesta en escena. A pesar de la oposición social, de las preocupaciones ambientales y del rechazo comunitario, el gobierno se niega a escuchar a la población y a respetar el mandato popular.
Con el apoyo de Ignacio Loera.
