• La diputada Rejón Lara pide modificar la Ley del Impuesto al Valor Agregado
La diputada Ariana del Rocío Rejón Lara, del PRI, presentó una iniciativa que reforma la fracción XIV del artículo 15 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a fin de incluir la exención del IVA a los servicios profesionales de psicología, cuando su prestación requiera título de licenciatura en esta materia.
En su fundamentación, la propuesta señala que esta medida es plenamente compatible con el derecho a la protección de la salud que el artículo 4o. de la Constitución Política reconoce a toda persona, y se inscribe en la obligación del Estado de garantizar el más alto nivel posible de bienestar físico y mental, incluyendo expresamente a niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
Refiere que la ley citada exenta del pago del impuesto a los servicios profesionales de medicina cuando su prestación requiera título de médico.
La consulta con un médico psiquiatra se encuentra exenta del impuesto, porque su ejercicio exige título de médico; en cambio, la consulta con un profesional de la psicología causa el dieciséis por ciento de Impuesto al Valor Agregado, por la sola razón de que su ejercicio requiere un título profesional distinto, subraya.
Se trata, añade, de dos disciplinas que atienden la misma salud, la mental, y que, no obstante, reciben un trato fiscal radicalmente desigual. Esa distinción carece de toda razonabilidad sanitaria.
Afirma que la psicología clínica es una profesión de la salud regulada por el Estado que exige formación universitaria, título y cédula profesional, y constituye la primera línea de atención en padecimientos como la ansiedad, la depresión y los trastornos asociados al consumo de sustancias.
Enfatiza que la atención temprana no es un lujo sino la diferencia entre la vida y la muerte; incluso puede afectar a las edades más tempranas. “Tan solo en 2024, setecientos veintisiete niñas, niños y adolescentes de entre 10 y 17 años perdieron la vida por suicidio en nuestro país, en una tendencia que se ha duplicado en lo que va del siglo”.
Menciona que junto al estigma cultural y a la escasez de servicios públicos especializados, para una persona joven, estudiante, trabajadora informal o recién incorporada al mercado laboral, el precio de una consulta psicológica es, con frecuencia, la frontera entre buscar ayuda y resignarse a no hacerlo.
El documento, turnado a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, explica que el impacto recaudatorio es marginal frente al costo humano y presupuestal de la inacción.
Destaca que la iniciativa persigue tres objetivos: justicia fiscal y coherencia normativa, ya que se elimina una distinción arbitraria entre disciplinas de la salud; reducción de una barrera de acceso, pues al liberar del dieciséis por ciento el costo de la consulta psicológica la atención profesional se vuelve más asequible, y prevención y protección de la vida.
Puntualiza que acercar a las juventudes a la terapia es la herramienta más eficaz para alejarlas de las adicciones, contener la depresión y la ansiedad y, en última instancia, prevenir el suicidio.
