• El diputado del PRI busca que se reconozca el carácter continuo del delito: la desaparición forzada no concluye hasta conocer el paradero de la víctima.
• La iniciativa incorpora perspectiva de género en protocolos de búsqueda, atendiendo estándares internacionales de debida diligencia reforzada.
• Advierte que más de 120 mil familias esperan respuesta del Estado.
El diputado federal Rubén Moreira Valdez presentó una iniciativa para reformar la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. La propuesta busca fortalecer la respuesta institucional frente a la crisis humanitaria que vive el país, con más de 133 mil 500 personas desaparecidas registradas al cierre de 2025 y más de 4 mil fosas clandestinas localizadas.
Entre los puntos centrales, el legislador del PRI plantea reconocer el carácter continuo del delito de desaparición forzada, que no concluye hasta conocer el paradero de la víctima; garantizar que las investigaciones sean competencia exclusiva de autoridades civiles, evitando la fragmentación en fueros militares; incorporar perspectiva de género en protocolos de búsqueda, atendiendo estándares internacionales de debida diligencia reforzada.
El coordinador de la bancada priista busca también asegurar el acceso efectivo de familiares a los expedientes de investigación, reconociéndolos como víctimas directas; blindar presupuestos y profesionalizar al personal de comisiones de búsqueda y fiscalías especializadas.
Además, Moreira Valdez impulsa la creación de unidades de análisis de contexto para identificar patrones criminales y combatir la impunidad estructural; y establecer medidas urgentes de protección para madres buscadoras y colectivos que enfrentan amenazas en sus labores de campo.
El congresista subrayó que la iniciativa se fundamenta en tratados internacionales como la Convención contra las Desapariciones Forzadas, el Estatuto de Roma y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, además de criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En el documento, advierte que más de 120 mil familias esperan respuesta del Estado. Esa respuesta, apuntó, no llegará con las herramientas actuales; el diagnóstico operativo, las cifras de la CNB, los informes de las organizaciones de la sociedad civil y las Observaciones Finales del CED señalan que la capacidad instalada es insuficiente, que los vacíos normativos producen impunidad estructural y que la cooperación técnica internacional es indispensable.
Destacó que el Estado mexicano reconoce que no puede resolver esta crisis solo con los recursos disponibles, por lo que consideró necesario adecuar la legislación para garantizar verdad, justicia y reparación integral.
Con esta propuesta, enfatizó Rubén Moreira, se busca consolidar un marco normativo que impida retrocesos, fortalezca la coordinación institucional y garantice la protección de las víctimas y sus familias frente a una de las crisis más graves del país.
