Estados Unidos anunció este lunes el lanzamiento de una amplia campaña contra la Corte Penal Internacional (CPI), a la que acusó de «librar una guerra» contra Washington y de representar «una amenaza intolerable» contra los estadounidenses, y advirtió de nuevas sanciones.
Por STAFF / EL ECONOMISTA
La Prensa
Estados Unidos anunció este lunes el lanzamiento de una amplia campaña contra la Corte Penal Internacional (CPI), a la que acusó de «librar una guerra» contra Washington y de representar «una amenaza intolerable» contra los estadounidenses, y advirtió de nuevas sanciones.
Creada en 2002, la CPI procesa a individuos acusados de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio.
«La CPI y sus aliados están librando una guerra contra nuestro país, no con balas ni misiles, sino con estatutos, pactos y la fuerza de lo que llaman el derecho internacional», declaró el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en un mensaje de video en X.
«El peligro que representa este tribunal internacional no ha dejado de crecer. Hoy amenaza todos los aspectos de nuestro sistema político y jurídico», prosiguió.
Estados Unidos no forma parte del Estatuto de Roma, el tratado internacional que instituyó la CPI. Tampoco adhirieron Israel ni Rusia.
Rubio subrayó que «si nos quedamos de brazos cruzados, todos estaremos a merced de jueces extranjeros situados a miles de kilómetros de aquí, expuestos al riesgo constante de ser procesados, e incluso encarcelados, por el supuesto crimen de haber defendido su propio país».
El Departamento de Estado dijo en un comunicado que la campaña «deshabilitará de manera sistemática la capacidad de la CPI para operar, apuntar contra militares o funcionarios estadounidenses o amenazar de cualquier otra forma la soberanía estadounidense».
Entre las medidas que evalúa contra el tribunal están que diplomáticos estadounidenses llamen a otros países para instarlos a retirarse del organismo, así como prohibiciones de viaje y sanciones contra funcionarios de la CPI.
Las relaciones entre el gobierno de Donald Trump y la CPI, con sede en La Haya, son hostiles y varios magistrados de la corte, entre ellos el fiscal general, ya son objeto de sanciones estadounidenses.
Estas sanciones prohíben que los jueces ingresen a Estados Unidos y bloquean cualquier transacción inmobiliaria o financiera bajo jurisdicción de la mayor economía del mundo.
Las sanciones constituyen en su mayoría una respuesta a las investigaciones llevadas a cabo por la CPI contra Israel, aliado de Estados Unidos.
El tribunal emitió en 2024 órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y en 2023 contra el presidente ruso Vladimir Putin.
