Integrarán a un juez adicional, secretarios, actuarios y defensores públicos a partir de agosto
Por: Karla Cortez
La Prensa
NUEVA ROSITA, COAHUILA. — Con el propósito de agilizar los procesos legales y optimizar la atención a la ciudadanía, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila, Miguel Mery Ayup, anunció una ampliación presupuestal destinada a reforzar las áreas operativas del Centro de Justicia de San Juan de Sabinas a partir del próximo mes de agosto.
El anuncio se dio en el marco de una productiva mesa de trabajo donde el presidente de la judicatura estatal se reunió de manera directa con representantes de barras, colegios y foros de abogados de la Región Carbonífera, así como con personal adscrito al Poder Judicial y a las Autoridades Estatales, con quienes dialogó bajo un esquema de apertura y transparencia sobre los principales retos de la administración de justicia en la cuenca.
Mery Ayup detalló que para el mes de agosto se integrarán al distrito judicial un juez adicional, secretarios de acuerdo, actuarios, defensores públicos, además de personal de psicología especializado para robustecer las evaluaciones en el Centro de Evaluación Psicosocial.
«Afrontamos una importante carga laboral en toda la entidad. Si bien no mantenemos un rezago procesal crítico, la realidad es que requerimos de más capital humano que nos auxilie a desahogar de manera eficiente los expedientes que ingresan de forma continua», señaló el magistrado.
El funcionario estatal precisó que esta reestructuración se consolidará inmediatamente después del periodo vacacional de verano del Poder Judicial —programado para las últimas dos semanas de julio—, por lo que el nuevo personal tomará posesión de sus cargos al reanudarse las actividades administrativas en agosto en las instalaciones judiciales de San Juan de Sabinas.
Finalmente, el presidente del tribunal destacó que la progresiva reactivación económica y comercial que experimenta la Región Carbonífera se traduce naturalmente en una mayor demanda de servicios judiciales, obligando a las instituciones públicas a prepararse para responder con eficiencia a las necesidades de certidumbre legal que demanda la población coahuilense.
