La Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria de la Cámara de Diputados aprobó reformar los artículos 17 y 32 de la Ley Agraria, para establecer que el derecho a ser designada como persona sucesora en la lista de sucesión ejidal no podrá ser limitado por motivos de género.
Asimismo, que el comisariado ejidal estará obligado a respetar los derechos sucesorios de las mujeres.
El dictamen, avalado por 25 votos en reunión de la instancia que preside la diputada Leticia Barrera Maldonado (PRI), tiene el objetivo de fortalecer el principio de igualdad sustantiva en el acceso, transmisión y titularidad de los derechos agrarios de las mujeres.
Refiere que la falta de acceso de las mujeres a la tierra limita su autonomía económica, restringe su participación en la toma de decisiones comunitarias y dificulta el acceso a programas de apoyo y financiamiento para el campo.
Por ello, enfatiza, se armoniza la Ley con los principios constitucionales de igualdad y no discriminación, a efecto de garantizar que las mujeres ejerzan plenamente sus derechos agrarios en igualdad de condiciones.
Precios de garantía
Con 13 votos a favor y ocho en contra también se avaló el dictamen que adiciona un párrafo tercero al artículo 79 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a fin de precisar que el Estado promoverá esquemas de precios de garantía para productos alimentarios básicos.
Ello, asegurando la equidad en la distribución de los apoyos conforme a la disponibilidad presupuestaria y atendiendo las condiciones productivas y de comercialización de cada entidad federativa.
Hace notar que los pequeños productores del campo enfrentan condiciones estructurales que dificultan la comercialización de sus cosechas, obligándolos en muchos casos a vender por debajo de los costos de producción.
Destaca que al incorporar precios de garantía brindará mayor certeza a esquemas de apoyo y permitirá una distribución equitativa, objetiva y acorde con las necesidades productivas de cada región del país.
Dictamen desechado
Las y los integrantes de la Comisión avalaron desechar el dictamen por el que se reformaban disposiciones de la Ley Agraria, por considerar que la iniciativa presentaba deficiencias técnicas y jurídicas, generaba duplicidad normativa al incorporar materias ya reguladas por leyes especiales y vulneraba el principio de autonomía de los núcleos agrarios; es decir, condicionaba las atribuciones de la asamblea ejidal a autorizaciones del ámbito federal.
