La Fiscalía General de la República expone un voluminoso expediente que señala una red de evasión fiscal en la importación de petrolíferos; hay otros siete implicados bajo investigación
Por Benito Jiménez/Agencia Reforma
La Prensa
MÉXICO.- Luego de una audiencia inicial que se prolongó hasta las 5:00 horas de este sábado, la juez federal reanudó a las 9:39 horas la diligencia en la que la Fiscalía General de la República (FGR) busca imputar al ex Gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y a otros siete presuntos integrantes de una red dedicada al llamado huachicol fiscal.
Fuentes allegadas al caso informaron que, tras un receso de poco más de cuatro horas, la audiencia continuó en el Centro de Justicia Penal Federal del Penal del Altiplano, donde la defensa y el Ministerio Público siguen desahogando los datos de prueba presentados por la FGR.
La Fiscalía pretende imputar a Ruffo los delitos de delincuencia organizada, ilícitos en materia de hidrocarburos y contrabando, acusaciones que, en el caso de los dos primeros delitos, contemplan la prisión preventiva oficiosa.
La audiencia se programó desde las 13:00 horas del viernes y tras varios recesos comenzó de manera virtual alrededor de las 22:00 horas, más de 30 horas después de la captura del ex Mandatario en Ensenada, Baja California.
La diligencia se extendió durante toda la madrugada debido al volumen de pruebas que expone la representación social y a diversos recesos decretados por la juzgadora.
Además de Ruffo, comparecen Ricardo Thompson Navarro; José María de la Peña Ramos; Guillermo de la Peña Rosales; Adriana Magali Bárcenas Guillén; el agente aduanal Juan Hermilo Chávez Rodríguez; su dependiente Luis Antonio Barrientos Juárez, y Armando III Riestra Fernández, este último ya preso en el Penal del Altiplano por otra investigación relacionada con el presunto contrabando de combustibles.
De acuerdo con la imputación de la FGR, Ruffo sería uno de los presuntos líderes de una organización que entre 2019 y 2026 importó petrolíferos declarando en los pedimentos aduanales apenas una fracción del combustible realmente ingresado al País, con lo que presuntamente evadió el pago del IEPS y el IVA.
