Aunque fue declarado responsable del feminicidio de dos maestras y de portar un arma de uso exclusivo del Ejército, el adolescente de 15 años recibió la pena máxima que permite la legislación mexicana para menores de su edad
La sentencia de tres años de internamiento impuesta a Osmar “N”, el adolescente de 15 años que as3sinó a dos maestras dentro de una preparatoria en Lázaro Cárdenas, Michoacán, generó cuestionamientos debido a la gravedad del crimen.
Sin embargo, la resolución no obedeció a una decisión discrecional del juez, sino a los límites que establece la legislación mexicana para adolescentes en conflicto con la ley.
El menor fue sentenciado este viernes por un juez especializado en justicia para adolescentes tras reconocer su responsabilidad en el asesin4to de las profesoras Tatiana Madrigal Bedolla y María del Rosario Sagrero Chávez, ocurrido el pasado 24 de marzo en la preparatoria Antón Makárenko.
Además del delito de feminicidio, también aceptó su responsabilidad por la portación de un arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.
¿Por qué Osmar “N” solo recibió tres años de internamiento?
La principal razón es que la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes establece límites específicos para las sanciones que pueden imponerse a personas menores de edad.
En el caso de adolescentes de 14 y 15 años, la legislación contempla que la medida de internamiento no puede superar los tres años, incluso cuando hayan sido encontrados responsables de delitos considerados graves, como el feminicidio.
Por ello, el juez impuso la pena máxima permitida por la ley para el rango de edad de Osmar “N”.
La sentencia también fue resultado de un procedimiento abreviado, mecanismo legal mediante el cual el acusado reconoce su responsabilidad a cambio de concluir el proceso sin llegar a juicio oral.
La solicitud fue presentada por la defensa del adolescente y autorizada por la Fiscalía General del Estado de Michoacán, además de requerir el consentimiento de las víctimas indirectas, es decir, de los familiares de las docentes asesinadas.
Como parte de la resolución, el juez también ordenó el pago de 3 millones 280 mil 769 pesos por concepto de reparación del daño a favor de los familiares de las víctimas.
Información de Infobae
