Las pequeñas embarcaciones enfrentan día con día las extorsiones del narc*tráfico para trasladar cocaína mientras que Washington no ha cesado en la ofensiva, por lo que ahora han optado por trabajar de noche o cambiar sus rutas
Reuters.- Al amanecer en la costa del Pacífico ecuatoriano, pequeñas embarcaciones se dispersan desde los pueblos de San Mateo y Jaramijó, con sus proas apuntando hacia aguas más profundas y la promesa de una buena pesca.
Otras llegan hasta las caletas desgastadas por la marea, donde las tripulaciones descargan albacora y picudo y los comerciantes se apresuran a inspeccionar la pesca del día.
Esta escena oculta los peligros que algunos pescadores artesanales de Ecuador enfrentan al adentrarse en el mar.
En tierra firme, los cárteles han convertido los pequeños puertos de la provincia de Manabí en un centro de narcotráfico, extorsionando a los pescadores locales que son valorados por su destreza para la navegación.
Les plantean una disyuntiva imposible: ganar más del salario básico de un año traficando drogas o enfrentarse a la extorsión, amenazas y violencia.
En alta mar, la violencia llega sin previo aviso con los ataques aéreos contra presuntos «narcoterroristas». El ejército estadounidense ha destruido 67 embarcaciones y ha causado la muerte de más de 220 personas desde septiembre del año pasado, como parte de la operación «Lanza del sur».
Estados Unidos se ha atribuido la responsabilidad de esas incursiones y muertes.
Otros ataques —que no ha reivindicado, pero de características similares— involucraron a embarcaciones pesqueras de Manabí, según entrevistas de Reuters con tres sobrevivientes y una docena de testimonios recopilados por la organización local Comité Permanente de Derechos Humanos.
El Washington Post informó esta semana que los barcos habrían sido atacados como parte de un programa encubierto de la CIA.
El pescador Simón Villacreses formaba parte de la tripulación de 16 personas del «Negra Francisca Duarte II», que zarpó de Manta, la ciudad portuaria más grande de Manabí. El 17 de marzo, en alta mar, escucharon el zumbido de un dron justo antes de un ataque que provocó que el barco se incendiara.
Algunos tripulantes se lanzaron al Pacífico mientras que otros se subieron a dos lanchas a motor más pequeñas, según Villacreses y otros dos sobrevivientes. La tripulación se dirigió hacia lo que creía que era un atunero cercano, pero fue recibida por hombres armados que hablaban inglés y vestían uniformes militares, según su relato.
«Nos comenzaron a apuntar, nos subieron a bordo, nos encapucharon con las manos atrás maniatados», dijo a Reuters Villacreses, de 52 años de edad, quien sufrió una herida en la cabeza durante el ataque.
Luego fueron trasladados en alta mar a un buque de la Armada de El Salvador, que los llevó al país centroamericano, donde recibieron atención médica y fueron repatriados en vuelos comerciales, según los sobrevivientes y la organización de derechos humanos.
Una secuencia similar de acontecimientos se desarrolló nueve días después con otro ataque con drones a un barco llamado «Don Maca», de la misma provincia.
Al menos ocho pescadores de un tercer barco, el «Fiorella», están desaparecidos desde enero. Dos miembros de su tripulación, quienes estaban en una lancha más pequeña y separada, declararon ante el Comité Permanente haber visto humo en la última ubicación conocida del barco principal.
Tres expertos en seguridad entrevistados por Reuters dijeron que Estados Unidos era casi con toda seguridad responsable de los ataques, dada la actual ofensiva que mantiene en la zona.
Desde el año pasado, Estados Unidos, Ecuador y El Salvador han anunciado que intensificarán la cooperación marítima contra el narcotráfico en el Pacífico oriental, un corredor clave para los envíos de cocaína hacia el norte. El esfuerzo incluye intercambio de inteligencia, vigilancia e interceptaciones coordinadas.
El Departamento de Defensa de Estados Unidos remitió las preguntas sobre los tres ataques al Comando Sur, que declinó hacer comentarios alegando «razones de seguridad operativa y protección de la fuerza».
La oficina de prensa del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, no respondió a la solicitud de comentarios de Reuters y las fuerzas armadas declinaron responder, diciendo que la información sobre la lucha contra el narcotráfico es clasificada.
La Armada de El Salvador no respondió a las solicitudes de comentarios, pero en una publicación de Facebook del 23 de marzo informó haber rescatado a 16 ecuatorianos náufragos.
Villacreses sigue afectado por la experiencia y no quiere volver al mar. «Tal vez la pesca como que ya la deje», dijo.
Extorsión para seguir pescando
El «Negra Francisca» solía estar anclado en San Mateo, un puerto pesquero artesanal, donde la mayoría de los residentes viven en la pobreza.
En los últimos años, dos de los grupos criminales más poderosos de Ecuador —Los Choneros y Los Lobos— se han expandido en las zonas costeras, reclutando a la fuerza a pescadores para el tráfico de droga, según funcionarios antinarcóticos ecuatorianos, la policía provincial y residentes.
Estados Unidos designó a ambas organizaciones como grupos terroristas el año pasado. Están vinculadas a organizaciones mexicanas de narcotráfico: Los Choneros están alineados con el Cártel de Sinaloa, mientras que Los Lobos tienen vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación.
La policía y lugareños dicen que muchos se ven obligados a pagar «tarifas» de mil 200 dólares por viaje de pesca —tres o cuatro veces sus ingresos mensuales promedio, según los pescadores— o arriesgarse a sufrir represalias contra ellos y sus familias.
Si transportan cocaína, pueden ganar hasta 40 mil dólares por viaje, dijeron pescadores de San Mateo y Jaramijó, sus familiares y la policía provincial.
«Algunos pescadores son obligados a participar en estas actividades, quedando expuestos tanto a la acción de las autoridades como a represalias por parte de las propias organizaciones criminales», explicó la Policía de Ecuador en respuesta a una solicitud de acceso a la información pública realizada por Reuters.
La policía estima que unos 300 residentes de Jaramijó han sido encarcelados en prisiones estadounidenses y salvadoreñas por cargos de narc*tráfico en los últimos cinco años.
María Mero, casada con un pescador del barco Fiorella, comentó que algunos hombres están reduciendo sus viajes debido a amenazas de los narcotraficantes y los ataques militares. «Los pescadores ya no quieren salir», afirmó.
Otros declararon a Reuters que pescan de noche o cambian sus rutas para evitar los intentos de extorsión.
Un pescador de San Mateo dijo haber pagado extorsiones en cuatro ocasiones. A cambio, la banda le proporcionó las coordenadas de una ruta que podía seguir y le instó a mantener las luces encendidas para evitar que le exigieran otro pago.
A los barcos más pequeños que pescan cerca de la costa de Manabí se les cobra menos y se les entrega una identificación que acredita el pago de la extorsión, explicó.
Publicado por Lizz Morales
