La investigación #DeportationProject documenta 105 vuelos del ICE y acuerdos con países como Sudán del Sur, Ruanda y El Salvador. Organizaciones denuncian que la práctica viola el derecho de no devolución y busca «mostrar rudeza» para disuadir a otros migrantes.
Como parte de su política de “deportación masiva” el gobierno estadunidense de Donald Trump ha enviado al menos 25 mil 427 personas hacia 28 países de América Latina, África y Europa, en los cuales no nacieron, nunca vivieron y a veces ni siquiera hablan su idioma. Para aterrizar esta práctica, el gobierno de Trump ha celebrado 35 acuerdos, a veces secretos, con diversos países, desde Sudán del Sur hasta Costa Rica pasando por las islas de Saint Kitts and Nevis o Santa Lucía.
Al amparo de estos acuerdos, negociados por del Departamento de Estado, el gobierno de Estados Unidos envió a ciudadanos chinos, rusos, iraníes o afganos a Costa Rica por avión, o expulsó a nacionales de Cuba o Jamaica hacia el reino de Esuatini, en el sur de África. Por lo menos 105 vuelos han sido utilizados por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) para expulsar nacionales de terceros países hacia diversos puntos del planeta, según documentaron Proceso y otros 23 medios de 15 países en la investigación periodística internacional Deportation Project, coordinada por el medio Forbidden Stories.
Aunque no tenga un acuerdo formal para recibir a nacionales de terceros países, México ocupa un lugar central en la estrategia de deportación de la administración Trump, inspirada en la “remigración”, un concepto promovido por la parte más radical y racista de las corrientes de extrema derecha de Europa, que pretende expulsar a los migrantes y sus descendientes hacia sus países de origen.
Desde enero de 2025 cerca de 20 de mil extranjeros fueron deportados de Estados Unidos a México, es decir, ocho de cada diez personas que han sido dispersados por las autoridades de Estados Unidos en países ajenos. Son ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua, Venezuela, Guatemala, El Salvador y Honduras, y muchos de ellos llevaban décadas residiendo en Estados Unidos.
El gobierno mexicano no sólo recibe a los extranjeros que le entregan las autoridades de Estados Unidos, sin estar formalmente obligado en hacerlo: una vez de este lado de la frontera, el Instituto Nacional de Migración (INM) los traslada por autobuses hacia Villahermosa y Tapachula, a miles de kilómetros de la frontera con Estados Unidos, donde suelen quedar en el desamparo.
“Los perros viven mejor que nosotros, ellos comen todos los días. Nosotros nos tenemos que acostar a veces sin comer, sin tomar agua; todo sucio, sin bañarnos. No es porque queremos, porque seamos así, es por la necesidad”, asevera Lorenzo, un cubano de 66 años recientemente expulsado de Estados Unidos, adónde había migrado en 1980. El hombre padece diabetes, y cuando Forbidden Stories lo entrevistó, en mayo último, llevaba cinco meses viviendo en la calle y buscando la manera de sobrevivir día a día.
Después de su detención –por tomar una cerveza en una playa en Florida–, Lorenzo firmó papeles para aceptar su devolución a Cuba, pero cuenta que “a mitad de camino, me dice el oficial ‘No, tú vas para México’. Yo dije ‘¿Cómo? No, a mí me dijeron que yo iba para Cuba’, y el oficial me dijo ‘No, si no están deportando gente para Cuba; Cuba no los quiere a ustedes’”.
El testimonio de Lorenzo, recabado por Forbidden Stories en el contexto del Deportation Project, coincide con los relatos de otros migrantes extranjeros que fueron enviados a México por el gobierno de Estados Unidos, y hace eco al informe que Human Rights Watch publicó en mayo reciente, donde exhibía la situación precaria que enfrentan los más de cuatro mil 300 cubanos expulsados al sur de México, en un limbo legal que les impide obtener documentos duraderos para trabajar.
En respuesta a cuestionarios enviados a tres dependencias, con más de una docena de preguntas en cada uno, las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y de Gobernación (Segob) escribieron tres pequeños párrafos, en los cuales destacaron que “México no ha suscrito un acuerdo con Estados Unidos para el envío de personas extranjeras a territorio nacional”, y que México recibe a los extranjeros deportados “por razones humanitarias”, de conformidad “con la Ley de Migración y su Reglamento”, pero sin precisar qué artículos amparan estas prácticas.
La oficina de la presidenta Sheinbaum se sumó a la breve respuesta de la SRE y la Segob, y comentó que “Presidencia no tiene más que comentar”.
“México no tiene un acuerdo formal con Estados Unidos, porque no quieren decir qué es lo que están haciendo, cuando les pedimos información nos entregan las siete las nacionalidades que aceptan, y cuando les pedimos información sobre nacionales de terceros países deportados a México, nos dan la cifra de personas que encuentran del lado mexicano de la frontera”, deplora Gretchen Kuhner, la directora del Instituto para las Mujeres en Migración (IMUMI).
El argumento de las “razones humanitarias” es idéntico al que utilizó el expresidente Andrés Manuel López Obrador para justificar que México recibiera a los solicitantes de asilo extranjeros devueltos por Estados Unidos durante la primera administración de Trump, primero bajo el plan conocido como “Quédate en México” y luego bajo la figura del Título 42, implementada durante la pandemia de covid-19. Ambas medidas han sido severamente criticadas por organizaciones defensoras de derechos humanos, pues vulneraban el derecho al asilo y dejaban a miles de personas en una situación muy vulnerable en México.
“El envío a México de personas expulsadas de nacionalidades distintas no está en algún marco normativo, pero los Protocolos de Protección a Migrantes –el nombre formal del plan Quédate en México– tampoco tenían un marco normativo o un acuerdo formal. Se trata de un ejercicio de facto, de fuerza, con una asimetría en la relación en la que México no ha podido decir que no”, opina Tonatiuh Guillén López, quien fuera comisionado del INM durante los primeros meses del sexenio de López Obrador, pero renunció en el verano de 2019, cuando el tabasqueño entregó el control de la política migratoria a la Cancillería y a la Guardia Nacional.
“Remigración”
Los casos de los cubanos deportados a México forman parte de una realidad compartida por otras miles de personas enviadas por Estados Unidos a terceros países en el último año y medio. Los 72 periodistas que participaron en la investigación Deportation Project recabaron decenas de relatos de hombres y mujeres que, de un día para otro, perdieron sus vidas en Estados Unidos y fueron enviados por avión, a veces esposados, a un país desconocido.
En 2024, cuando Donald Trump compitió por tercera vez por la presidencia de Estados Unidos, después de su derrota en 2020, centró su campaña en un discurso antimigrante más radical aun que durante su primer mandato, con la promesa de realizar “deportaciones masivas” y de llevar a cabo “la mayor operación de deportación doméstica de la historia de Estados Unidos” una vez de vuelta a la Casa Blanca.
El magnate cumplió con su programa: el 20 de enero de 2025, día de su toma de posesión, firmó la orden ejecutiva “Asegurando nuestras fronteras” que planteó una serie de medidas contra los migrantes, incluyendo la ampliación del muro fronterizo con México, la contratación de más personal para el ICE –una agencia que ha acarreado un sinnúmero de denuncias por actos de violencia, incluyendo asesinatos, y conductas racistas–, la reanudación del programa “Quédate en México”, así como la instrucción al Departamento de Estado para celebrar acuerdos internacionales con tal de realizar “remociones a terceros países”.
Y su equipo no perdió tiempo: el 2 de febrero de 2025, a menos de dos semanas de tomar el poder, la administración de Estados Unidos firmó un primer “memorándum de entendimiento” con el gobierno de Panamá, y diez días más tarde empezó a enviar los primeros tres aviones hacia el pequeño país centroamericano, con cerca de 300 extranjeros a bordo.
Satisfecho del resultado, el gobierno de Trump replicó el modelo en marzo, con acuerdos con Honduras y El Salvador, cuyo presidente, Nayib Bukele, ofreció al mandatario estadunidense utilizar las cárceles salvadoreñas para migrantes expulsados, incluyendo el flamante Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una cárcel de máxima seguridad que Bukele ha promocionado intensamente al internacional.
La dinámica continuó en los meses siguientes: Costa Rica y Uzbekistán en abril; Esuatini y Sudán del Sur, en mayo; Guatemala y Kosovo en junio; Ecuador, Ruanda y Uganda en julio; Paraguay en agosto; Ghana y Liberia en septiembre; Belice en octubre; Cabo Verde y Guyana en noviembre; Antigua y Barbuda, Burundi, República Democrática del Congo, República Dominicana y Palau en diciembre; y Sierra Leone, Santa Lucía, Saint Kitts and Nevis, Camerún y la República Centroafricana en los primeros meses de 2026.
Existen otros acuerdos que han permanecido ocultos, pero de los que se tiene registro, como los celebrados con Guinea Ecuatorial, Libia, Moldavia y Polonia.
En el contexto de las negociaciones con la administración Trump, algunos países impusieron condiciones, ya sea respecto de las nacionalidades que aceptan –en el caso de la República Democrática del Congo, el gobierno rechazó por ejemplo recibir a deportados de origen africano–, o a los antecedentes judiciales de los deportados, especialmente si fueron condenados por actos de violencia.
Consultado para esta investigación, el Departamento de Estado se negó a ofrecer detalles sobre los acuerdos de deportación –algunos de ellos celebrados con gobiernos autoritarios o responsables de violaciones a los derechos humanos–, pero insistió en que “nunca pediremos disculpas por hacer respetar la ley y poner fin a una crisis”.
De acuerdo con el diario estadunidense The Washington Post, que participa en el Deportation Project, los acuerdos fueron celebrados bajo las instrucciones de Stephen Miller, una de las figuras más extremistas en la Casa Blanca, donde se desempeña como jefe de personal y asesor de seguridad nacional de Trump.
En junio de 2025 la administración Trump puso en marcha una Oficina de Migración y Repatriación Internacional y una Oficina de Remigración, un nombre que retoma un concepto promovido por la parte más radical y racista de las corrientes de extrema derecha de Europa, que pretende expulsar a los migrantes y sus descendientes hacia sus países de origen.
Estas nuevas instituciones, adscritas al Buró de Población, Refugiados y Migración –encabezada por Christian Jové Ehrhardt, un hombre que fungía anteriormente como funcionario en el Servicio de Seguridad Diplomática, encargado de la protección a las embajadas– están encargadas de articular la agenda de deportación de la administración Trump, la cual quedó establecida en un plan estratégico publicado en enero último.
En el documento el secretario de Estado, Marco Rubio, señaló que la diplomacia estadunidense se está “asegurando” que los países de origen de los migrantes reciban a sus connacionales deportados, y que está negociando con terceros países “para aceptar la transferencia de solicitantes de asilo o migrantes ilegales removidos de comunidades estadunidenses”. “También utilizaremos los financiamientos internacionales para apoyar a los países que nos ayuden a lograr nuestras prioridades en materia migratoria”, agregó.
“Quiere mostrar su rudeza”
“¿Por qué Estados Unidos está enviando a personas hacia países que no son los suyos y con los cuales no tienen conexión? Resulta difícil saber porque el gobierno de Estados Unidos no dice lo que pretende hacer con ello. Creo que hay dos propósitos: uno es para las personas que no pueden regresar a sus países por las reglas de no devolución, y el segundo es que Estados Unidos quiere mostrar su fuerza y su rudeza en materia migratoria, tratar indignamente a algunos para espantar a otros”, denuncia Michael García Bochenek, director interino del Programa de Estados Unidos en Human Rights Watch.
“Lo hemos visto en el pasado, durante el primer mandato de Trump, cuando separaban de manera forzosa a familias de migrantes: quitaban a los hijos a sus padres para enviar una señal a las personas que pudieran planear un traslado hacia Estados Unidos. Y los mensajes de la administración van en este sentido, dicen ‘te podemos enviar al CECOT en El Salvador, te podemos enviar a Sudán del Sur’”, añade el experto.
De acuerdo con información obtenida para esta investigación, la administración Trump planea gastar hasta 410 millones de dólares en su política de deportación hacia terceros países, ya sea mediante pagos directos a los gobiernos de 13 naciones –a los cuales tenía previsto entregar 81 millones de dólares–, o mediante financiamiento a agencias internacionales como la Organización Internacional de Migración (OIM), la Agencia de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) o el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
Consultadas al respecto, las agencias ONU y el CICR rechazaron haber participado en los acuerdos de Estados Unidos con otros países. La ACNUR y el CICR negaron haber recibido los financiamientos con el propósito específico de atender a los extranjeros de terceros países, aunque la ACNUR reconoció que recibe fondos de Estados Unidos para apoyar el “reforzamiento de los sistemas de asilo y la atención a la recepción”.
La OIM, al que la administración Trump planea entregar hasta 179 millones de dólares por las deportaciones de nacionales de terceros países, se deslindó de las decisiones que toman los gobiernos en torno de las deportaciones, y aunque reconoció haber recibido financiamiento de Estados Unidos, afirmó que su participación busca mejorar las vidas de los migrantes afectados, y que “de ninguna manera representa una aprobación a las decisiones que llevaron a la deportación de las personas”.
Con información de Sofía Álvarez Jurado, Léa Perucho y Magdalena Hervada (Forbidden Stories).
Publicado por Iris Camila Beltran
