La iniciativa surge luego que la Defensoría Pública federal reclamó las condiciones de sobrepoblación en el Centro Penitenciario, donde se albergan más de 5 mil personas con una capacidad de mil 834 espacios, Plan Piloto en el Edomex con preliberaciones
LATINUS
LA PRENSA
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronunció en contra del hacinamiento en centros penitenciarios al resolver un amparo promovido por el Instituto Federal de Defensoría Pública en contra de diversas autoridades del Estado de México.
La Defensoría Pública federal reclamó las condiciones de sobrepoblación en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl Bordo de Xochiaca, luego de un diagnóstico de 2021 que reveló que dicha cárcel alberga a 5 mil 116 personas, cuando sólo cuenta con mil 834 espacios.
Por unanimidad, el pleno aprobó el proyecto presentado por el ministro Giovanni Figueroa Mejía, en el que se reconoce que el hacinamiento carcelario es una violación a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad.
Con ello, la SCJN ordenó que las autoridades del Estado de México elaboren un plan para solucionar el problema de sobrepoblación en el penal de Neza-Bordo de Xochiaca, y entre las medidas están el traslado de reclusos a otros centros, remodelación del inmueble y análisis de preliberaciones.
En su intervención, el ministro Irving Espinosa Betanzo mencionó que se puede realizar una revisión de medidas cautelares y el otorgamiento de beneficios de preliberación, pero eso corresponde resolverlo a los jueces que llevan los procesos penales.
«La propuesta que se hace no consiste en ordenar la liberación indiscriminada de personas privadas de la libertad, ni es sustituir a las personas juezas de ejecución penal en la decisión que corresponde adoptar en cada caso», expresó Espinosa.
La ministra Yasmín Esquivel calificó al hacinamiento como «un tormento» y una violación a la dignidad humana, por lo que consideró que no existen razones gubernamentales para que las personas privadas de su libertad sean sometidas a esas condiciones.
«Las dificultades administrativas o presupuestarias no pueden convertirse en una pena adicional para quienes ya están pagando lo que les impuso la sentencia judicial», dijo Esquivel.
La ministra María Estela Ríos aseguró que este es un problema social y administrativo complejo, para el que no basta «la buena voluntad» de la Suprema Corte para que sea resuelto, por lo que propuso dar vista a la comisión estatal de derechos humanos y la defensoría pública local.
Por su parte, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz mostró su preocupación ante la orden de poner fin de manera inmediata al hacinamiento al penal en cuestión, al sugerir que podría implicar ya no recibir más reclusos o liberar a los que se encuentran privados de su libertad ahí.
Al momento de someter a votación el proyecto, el ministro ponente precisó que modificará el documento para dejar claro que los posibles traslados de reclusos cumplan condiciones legales, establecer como medida que las propia autoridades penitenciarias promueva beneficios preliberaciones y dar capacitaciones al personal.
Publicado por Ricardo Salazar
