La renovación de la presidencia del Instituto Nacional Electoral ocurre entre exigencias empresariales de transparencia, investigaciones sobre contratos electorales y denuncias internas
Agencias
La Prensa
La salida de Guadalupe Taddei de la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) abrió una nueva etapa de cuestionamientos sobre las contrataciones del organismo, mientras el sector empresarial exigió una designación transparente y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) amplió sus requerimientos de información a autoridades electorales estatales.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) pidió este lunes a la Cámara de Diputados elegir a la próxima persona titular del INE mediante criterios objetivos, sin preferencias partidistas y con reglas verificables. Consideró indispensable privilegiar experiencia electoral, capacidad técnica y honestidad para recuperar la confianza ciudadana.
El organismo también solicitó fortalecer los controles internos y garantizar que los trabajos institucionales continúen sin interrupciones, especialmente ante las elecciones de 2027, cuando se renovarán más de 19 mil cargos públicos, incluidos 500 espacios de la Cámara de Diputados y 17 gubernaturas.
Taddei renunció el 26 de octubre en medio de investigaciones por posibles conflictos de interés e irregularidades contractuales. Tras su salida, Blanca Cruz García asumió provisionalmente la presidencia, mientras los diputados preparan el procedimiento para designar a quien concluirá el periodo previsto hasta 2032.
En paralelo, la ASF solicitó al Gobierno de Guerrero documentación complementaria sobre participaciones federales destinadas al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) y contratos con empresas señaladas por presuntos vínculos con el entorno de la expresidenta del INE.
El requerimiento, fechado el 28 de octubre, forma parte de la revisión de la Cuenta Pública 2025. La gobernadora Evelyn Salgado dispone de diez días hábiles para entregar la información. Entre las compañías mencionadas aparecen Corporativo Zeg, Cajas Graf, Seriplast de México y otras proveedoras de materiales electorales.
Según fuentes citadas en la información publicada, Cajas Graf recibió un contrato relevante durante las elecciones guerrerenses de 2021. No obstante, la solicitud de documentos no constituye por sí misma una determinación de responsabilidad ni acredita irregularidades.
La fiscalización también alcanza a otros organismos locales, cuyos procedimientos de compra de documentación y materiales electorales han despertado preguntas sobre competencia entre proveedores, precios y mecanismos de adjudicación durante ejercicios presupuestales.
A las revisiones se sumó la controversia interna del INE. Sergio Uzeta, quien presentó su renuncia como coordinador de Comunicación Social, rechazó conocer, mantener vínculos o haber recibido instrucciones del proveedor José Alfredo Hernández Casillas.
El exfuncionario denunció que tanto él como otros servidores públicos han sido señalados sin pruebas, en lo que describió como una cacería de brujas. Sus declaraciones representan su postura frente a los señalamientos y no resuelven las investigaciones en curso.
Mientras avanzan las auditorías, el CCE insistió en que la independencia de la autoridad electoral y la claridad del proceso de sucesión resultan fundamentales para la certeza jurídica, la estabilidad institucional y la confianza en los próximos comicios.
Publicado por Rocío Ledezma
