Andrés Manuel López Beltrán admitió que conoce a Amílcar Olán, ligado a huachicol fiscal, y que relación con él se dio por amigos en común
Reforma
La Prensa
Andrés Manuel López Beltrán reconoció que conoce al empresario Jorge Amílcar Olán Aparicio, señalado por presuntos vínculos con el llamado huachicol fiscal, pero negó mantener relaciones comerciales con él o haber intervenido para favorecer sus negocios mediante contratos gubernamentales.
El hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador respondió este martes a las acusaciones que lo relacionan con operaciones de contrabando de combustibles y presunto tráfico de influencias. Aseguró que los señalamientos carecen de pruebas y rechazó cualquier participación suya o de su familia en actividades ilícitas.
López Beltrán explicó que conoce a Olán desde hace varios años en Villahermosa, Tabasco, y que el acercamiento ocurrió por amistades compartidas. Añadió que la esposa del empresario fue compañera suya durante la escuela primaria, circunstancia que, según afirmó, explica el vínculo personal entre ambos.
Precisó, sin embargo, que esa relación no implica participación en empresas, acuerdos financieros ni gestiones ante dependencias públicas. También negó que existan socios o prestanombres utilizados para obtener ganancias a partir de la influencia política de su familia.
El político sostuvo que nunca tuvo conocimiento de gestiones encaminadas a conseguir contratos para Olán y que tampoco recomendó ni intercedió por persona alguna ante autoridades federales o locales. Recordó que su familia había formulado aclaraciones similares hace más de dos años, cuando comenzaron a circular señalamientos sobre posibles beneficios empresariales.
En su posicionamiento, rechazó específicamente cualquier vínculo con el huachicol fiscal, expresión utilizada para describir esquemas de introducción o comercialización irregular de combustibles mediante maniobras para evadir impuestos. Afirmó que se intenta asociarlo con esos delitos sin presentar elementos que acrediten su participación.
Asimismo, negó haber sostenido conversaciones con funcionarios de la Secretaría de Marina, dependencia mencionada en las acusaciones relacionadas con el contrabando de hidrocarburos. Insistió en que no ha tenido contacto directo, telefónico ni por otros medios con servidores públicos de esa institución para tratar asuntos vinculados con dichas operaciones.
López Beltrán cuestionó también la utilización de testimonios que, a su juicio, buscan involucrarlo sin sustento documental. Señaló que no existe evidencia capaz de demostrar una relación de su parte con las conductas investigadas y aseguró que cualquier afirmación en sentido contrario debe respaldarse con pruebas verificables.
Además, atribuyó la difusión de los señalamientos a sectores empresariales y políticos contrarios a su padre y al movimiento de la Cuarta Transformación. Acusó a integrantes de lo que denominó la mafia del poder de promover campañas para desacreditar a su familia, aunque no presentó en su respuesta elementos que permitieran comprobar esa acusación.
Explicó que inicialmente había decidido no contestar, porque considera que las críticas y denuncias públicas contra los López Obrador se han repetido durante años. Sin embargo, optó por emitir una aclaración ante la insistencia de las versiones que lo relacionan con negocios privados y posibles delitos fiscales.
El reconocimiento de que conoce personalmente a Olán constituye el punto central de su respuesta, acompañado de una negativa expresa sobre cualquier intervención en contratos públicos o actividades empresariales. Sus declaraciones representan su versión de los hechos y no sustituyen las investigaciones que pudieran realizar las autoridades competentes.
Hasta ahora, los señalamientos descritos en su posicionamiento no permiten establecer por sí mismos responsabilidades penales. López Beltrán insistió en que su relación con el empresario se limita al ámbito social y reiteró que tanto él como su familia rechazan haber aprovechado cargos, contactos o influencias para obtener beneficios particulares.
La controversia reaviva el debate sobre transparencia en contratos públicos y la necesidad de sustentar las acusaciones con pruebas verificables y suficientes.
Publicado por Rocío Ledezma
