Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación informó que de marzo a la fecha se han detenido a 34 nuevos involucrados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, con lo que suman 80 arrestos.
En Palacio Nacional, a seis años de la desaparición de los estudiantes, Encinas informó que dichas detenciones incluyen a integrantes de grupos delictivos, policías y agentes del Ministerio Público.
«De marzo a la fecha se han librado 70 órdenes de aprehensión de las 83 solicitadas por delincuencia organizada, desaparición forzada y tortura, y se han detenido a 34 personas», dijo.
«Entre quienes se encuentran integrantes del grupo delictivo, policías federales, ministeriales, agentes del Ministerio Público federal, policías federales y policías municipales, con lo que suman 80 personas detenidas al momento».
Encinas destacó las órdenes de aprehensión contra Tomás Zerón, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal y las detenciones de Carlos Gómez Arrieta, ex jefe de la Policía Federal ministerial y de Alicia Bernal, ex Ministerio Público encargada de legalizar la llamada verdad histórica.
El subsecretario lamentó la actuación de jueces que han liberado a presuntos perpetuadores de la desaparición de los estudiantes.
«Es el caso del juez Primero de Distrito de Procesos penales en Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, quien ha dictado la libertad absoluta e inmediata de 77 personas detenidas por su participación en la desaparición forzada de los 43 estudiantes y a quienes se les había imputado en la comisión de diversos delitos argumentando que fueron objeto de tortura», alertó.
Indicó que dicho juez no observó la jurisprudencia del 21 de julio del 2019 que detemina que la información obtenida por tortura obliga a reponer el procedimiento, no a dejar a los implicados en libertad.
«El Juez noveno de distrito Gabriel Dominguez Barrios, en Iguala, quien por el pago de una multa de 10 mil pesos dejó en libertad a Marco Antonio «R», que había sido recapturado tras su deportación de los Estados Unidos, o el de secretario de acuerdos del juzgado Segundo de distrito penal en el Estado de México, Marco Aurelio González, quien recibió un soborno con el que pretendía otorgar la libertad Angel «C», quien se encontraba prófugo desde 2015, aforunadamente esto no sucedió».
Encinas aseguró que dichas resoluciones son una afrenta a las víctimas.
«A los padres de familia y a la sociedad, son una burla a la justicia, alientan el silencio y la impunidad y dan cuenta de la corrupción que prevalece en distintas áreas del sistema de impartición de justicia en nuestro País y que es necesario transformar».
El subsecretario recordó también la identificación genética de los restos de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre e insistió en que la «verdad histórica» ha colapsado.
«Esta identificación genética marcó un importante precedente dentro de la nueva investigación al cuestionar las circunstancias de modo, tiempo y lugar sobre los que se fundó la verdad histórica que señaló al basurero de Cocula como destino final de los 43 normalistas. La verdad histórica se ha colapsado», sentenció.
