Un ministro de la Suprema Corte de Justicia desechó hoy, por notoria y manifiesta improcedencia, la controversia constitucional del Congreso de Tamaulipas contra el desafuero del Gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, aprobado por la Cámara de Diputados el 30 de abril.
Un extracto del acuerdo de desechamiento, dictado por el Ministro Juan Luis González Alcántara, fue publicado hoy por la Corte, que aún no difunde el documento completo con la explicación jurídica del fallo.
El Congreso estatal podrá impugnar el desechamiento mediante reclamación ante una de las Salas de la Corte, pero procesar ese recurso tomará varias semanas.
Este miércoles, el Ministro había prevenido al Congreso para acreditar que el promovente de la controversia era el Presidente de su Mesa Directiva, el diputado panista Félix García Aguilar, quien es el representante legal de ese órgano.
Algún error u omisión en la documentación para acreditar este punto podría haber llevado al desechamiento.
Otra causa para desechar sería lo previsto en el artículo 111 de la Constitución, que expresamente indica que, en procesos de desafuero y juicio político, «las resoluciones y declaraciones de la Cámara de Diputados son inatacables».
A juicio de González Alcántara, esto podría implicar que ningún recurso legal procede contra el desafuero y, por tanto, el Poder Judicial Federal esté impedido para revisar los alcances de la declaración de procedencia, ya sea mediante amparos o controversias constitucionales.
Una vez desechada esta demanda, sigue vigente tal cual la declaración de procedencia dictada por la Cámara de Diputados, que permite a la FGR acusar penalmente al Gobernador ante un juez federal por fraude fiscal, y posiblemente por otros delitos como lavado de dinero.
La controversia buscaba obtener una suspensión del ministro instructor, precisamente para impedir acciones penales contra García Cabeza de Vaca en el futuro inmediato.
La declaración de la Cámara no incluyó un resolutivo separando del cargo al Gobernador, sino que se limitó a turnar el caso al Congreso local, pues así lo prevé el artículo 111 de la Constitución, ya que no se trata de un funcionario federal.
Sin embargo, la declaración de la Cámara menciona que el objetivo del procedimiento fue remover la inmunidad procesal de García Cabeza de Vaca, tratándose de los delitos federales que se le imputan, para que quede a disposición de las autoridades penales.
En la interpretación del Congreso de Tamaulipas, esto no es posible, y García Cabeza de Vaca sólo podría ser procesado penalmente si la propia legislatura estatal primero lo destituye, previo juicio político, como marca la Constitución local.
Esta es la duda que, por ahora, la Corte no va a aclarar.
