CIUDAD DE MÉXICO.-El Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) pidió a la Suprema Corte de Justicia suspender la reforma que creó el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut).
La acción de inconstitucionalidad, presentada el jueves, busca la anulación total de la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), por la cual se crea el Panaut, una base de datos a la que todos los usuarios de telefonía celular tendrán que aportar su información personal y biométrica.
La demanda contiene 11 conceptos de invalidez sobre las violaciones Constitucionales que implica el padrón, pero además pide al ministro o ministra instructora que conceda una suspensión, lo que será casi imposible, pues la Corte está legalmente impedida para frenar la vigencia de normas generales impugnadas mediante una acción de este tipo.
«Permitir que la reforma surta efectos y que, por tanto, los aproximadamente 122 millones de usuarios de telefonía móvil, entreguen sus datos personales a particulares y al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), es una violación que no tiene forma de reparación. Una vez entregada, el daño es irreversible», alegó el INAI al solicitar la suspensión.
Una vez admitida la acción, la Corte no tendrá plazo para resolver, y podrían pasar de uno a dos años para una sentencia del Pleno, que tiene pendiente pronunciarse sobre una docena de reformas relevantes de este sexenio.
El juez federal Juan Pablo Gómez Fierro ha concedido decenas de suspensiones individuales a personas que han presentado amparos, mientras que su colega Rodrigo de la Peza los ha desechado, pues considera que el Panaut sólo causará perjuicio hasta que el IFT expida disposiciones administrativas para su operación, a más tardar en octubre.
Para quienes ya tenían una línea antes de la reforma, que son la gran mayoría de la población, el periodo para entregar sus datos será de dos años.
Más allá de la suspensión, el INAI alega que es falso que el objetivo principal del padrón sea combatir el delito, ya que el auxilio a las autoridades sólo es un fin secundario.
Destaca que, en 2020, fueron denunciados 8 mil 380 casos de extorsión telefónica, contra 122 millones de líneas existentes.
«Esto significa que si en cada uno de esos casos se hubiera utilizado una línea telefónica, sólo el 0.0068 por ciento de las líneas telefónicas móviles se encontrarían relacionadas a ese delito, por lo que el contar con los datos personales y sensibles de todos los residentes del territorio nacional, no llevará en realidad a ningún fin», dice la demanda.
Esta semana, el propio IFT, que es la autoridad encargada del Panaut, anunció que también impugnará la reforma ante la Corte, entre otras razones, porque no tiene los mil millones de pesos que costará su implementación inicial.
