Por Ivonne Melgar
Show en el Congreso por Línea 12
Soberbia y politiquería rondan la tragedia de la Línea 12.
Y así quedó de manifiesto en el debate infructuoso del miércoles en la sede del Congreso, cuando la puja por buscar culpables empantanó la posibilidad de un pronunciamiento a favor de las víctimas y de la transparencia en la investigación.
Como si se tratara de la serie de Chernóbil, los legisladores del partido en el poder todavía no asimilan que la desgracia amerita un seguimiento parlamentario, plural y auxiliado por especialistas, como lo exige un Estado democrático ante el daño por el que debe responder.
Por el contrario: en vez de construir un mecanismo que le permita a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y a la fiscal de la CDMX, Ernestina Godoy, una rendición de cuentas que marque la diferencia con la opacidad en otras tragedias —News Divine, Guardería ABC, Casino Royale, Ayotzinapa— , la mayoría de Morena se tira en batallas pírricas: sea impedir la comparecencia de Florencia Serranía, directora del Metro o echarle la culpa mediáticamente al senador Miguel Mancera.
El despropósito no se consumó. Pero dejó registro del extravío en voz de varias legisladoras pretendiendo deslindar al canciller Marcelo Ebrard de posibles fallas de la obra y arremetiendo contra Mancera.
Ricardo Monreal, jefe de Morena en el Senado, evitó el ridículo de convertir a la asamblea de la Comisión Permanente, ese 13 de mayo, en anuncio de desafuero en contra del legislador del PRD.
“No debemos convertirnos en una tribuna de linchamiento ni de acusación ni menos vamos a prender hogueras para quemar a personalidades públicas”, advirtió Monreal.
La determinación del principal operador del gobierno en el Congreso no riñó con Palacio Nacional, donde algún sentido de realidad o cálculo pragmático abonó en desactivar aquella ocurrencia.
Sin embargo, los buenos oficios del senador Monreal no alcanzaron para concretar algo de la docena de puntos de acuerdo que le permitirían al Gobierno de la CDMX ventilar el caso y no seguirse sofocando en el uso electoral que ahora mismo tiene. Y no sólo por parte de la oposición.
Porque en el show de la sesión y de las conferencias de prensa se pidieron cabezas, incluidas las de Ebrard y Sheinbaum.
Pero en los documentos presentados hay ideas serias: la senadora Xóchitl Gálvez (PAN) propuso hacer público el proceso de peritaje; Mancera planteó invitar a comparecer a Jorge Gaviño, director del Metro durante su gestión, mientras la bancada del PRD convocó a Serranía, actual titular; y la presidenta de los diputados, Dulce María Sauri (PRI), llamó a crear una comisión parlamentaria que dé acompañamiento a las indagaciones.
Nada procedió hasta ahora. Como si el Poder Legislativo
no fuera parte del Estado que debe construir la reparación integral del daño, es decir, la verdad en torno a la causa del colapso, la justicia para las víctimas y la garantía de la seguridad en la L-12.
Esas propuestas que piden renuncias, desafueros, celeridad en las indagaciones y castigo a los culpables, serán desahogadas en la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Comisión Permanente, sede del Congreso hasta septiembre, cuando se renueve la Cámara de Diputados y las actividades en el Senado.
El presidente de esa instancia es Martí Batres, a quien Ebrard maltrató, por cierto, cuando era jefe de Gobierno y ambos eran del PRD.
Y aunque los morenistas son disciplinados con las instrucciones de Palacio, el uso electoral del caso también aplica para las pugnas internas del partido en el poder y más todavía en una CDMX donde Sheinbaum dejó huérfanos de candidaturas a varios grupos, incluidos los del canciller y de los senadores Monreal y Batres.
Se dirá que el fuego amigo no importa cuando se cuenta con el apoyo presidencial a toda prueba. Pero no dejó de ser sintomático que ese miércoles en la sede del Congreso nadie metiera el cuerpo y el alma en defensa de la jefa de Gobierno y en contra de la creciente hipótesis de falta de supervisión y mantenimiento como causa coadyuvante de la tragedia.
Y con la incertidumbre del peso que la Línea 12 tendrá en las urnas, la actuación del gobierno capitalino dejó mucho qué desear hasta ahora.
Ahí está el testimonio de la madre de Brandon, el niño que murió en el Metro, sobre el desaseo de las autoridades mientras ella lo buscaba.
Y la desconfianza: el 56 % de los capitalinos —y el 60% a nivel nacional— considera que el peritaje externo encubrirá a los funcionarios de la ciudad. Y a la pregunta de qué tan seguro está de que habrá castigo, la respuesta afirmativa es de 10% en la CDMX y 8% en el país.
Porque 3 de cada 4 consultados tiene poca o nula expectativa de que imperará la justicia.
Son cifras reportadas en el sitio de encuestas de Ulises Beltrán de BGC y que, a cuatro domingos de las elecciones, deberían alarmar a quienes ofrecieron un cambio de régimen.
