La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó al Congreso de Sinaloa un informe sobre las tarjetas de apoyo alimentario «Puro Sinaloa», entregadas por el Gobierno de Quirino Ordaz Coppel.
«Único.- Si durante la gestión como Gobernador del Estado de Sinaloa, el C. Quirino Ordaz Coppel, han realizado gastos por concepto de adquisición de tarjetas recargables; en caso afirmativo, informar el número de tiraje, costo por la adquisición de dichas tarjetas y el monto dispersado en cada una de ellas, así como el periodo de tiempo en que se han utilizado», se lee en el requerimiento de la FGR a la Cámara local, al cual REFORMA tuvo acceso.
La indagatoria inició después de que Sergio Gutiérrez, representante jurídico de Morena nacional, presentó una denuncia contra el Mandatario sinaloense por la entrega de las tarjetas «Puro Sinaloa», que comenzaron a distribuirse en 2020 durante la contingencia de la pandemia de Covid-19.
Estas tarjetas se dieron por un convenio con la empresa Casa Ley. En total se entregaron 40 mil y cada una contenía hasta 350 pesos mensuales para la compra de despensa. Mensualmente se erogaron 14 millones de pesos y al final de 2020 se pagaron 112 millones de pesos.
El programa se sostuvo para 2021, haciéndose una licitación pública, cuyo ganador fue otra vez la empresa Casa Ley, la cual puso a disposición desde 150 mil hasta 4 millones de tarjetas con 200 pesos cada una. Es decir, si se llegan a entregar todas, mensualmente se estarían erogando hasta 800 millones de pesos.
Las tarjetas se comenzaron a dar en junio de 2020, cuando Ricardo Madrid Pérez era Secretario de Desarrollo Social en Sinaloa. Al ex funcionario le correspondió el inicio y continuación del programa, pero en marzo, previo al inicio de las campañas políticas, presentó su renuncia para integrarse a la planilla de diputados plurinominales por la alianza Va Por Sinaloa (PRI-PAN-PRD).
Su lugar lo tomó Omar Garfías, quien aseguró que este programa no podría ser utilizado con intenciones políticas, debido a que existen reglas de operación claras, como la de garantizar únicamente 200 pesos mensuales a los beneficiarios.
«Además de las reglas de operación, ten por seguro que está blindado el padrón», dijo en entrevista.
Desde el inicio de la entrega de las tarjetas hasta marzo de este año se tiene el registro de 312 mil tarjetas, cuyos beneficiarios deben ser personas que viven en pobreza y pobreza extrema.
Sin embargo, ese padrón no es público, de acuerdo a respuestas a solicitudes de información hechas ante la Secretaría de Desarrollo Social, que reservó los datos por cinco años.
La entrega de tarjetas se suspendió en marzo, previo al inicio de las campañas, con la intención, según dijo Garfias, de evitar suspicacia sobre los recursos y la aplicación de los mismos.
Quirino acumula cuatro denuncias ante la FEDE
El requerimiento de la Fiscalía General de la República al Congreso de Sinaloa es parte de una serie de indagatorias contra Quirino Ordaz Coppel.
Morena presentó ya cuatro denuncias ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.
Las primeras dos se presentaron por Jesús Manuel Martínez Peñuelas, representante legal de Morena en Sinaloa, en contra del Gobernador y dos de sus funcionarios. Se trata de Evelio Plata Inzunza, de Pesca y Acuacultura, y Manuel Tarriba Urtuzuástegui, de Agricultura y Ganadería.
Ambos funcionarios participaron en actos de campaña del candidato Mario Zamora Gastélum, de la alianza PRI-PAN-PRD a la Gubernatura, en horarios laborales.
El Tribunal Estatal Electoral de Sinaloa dio la razón a Morena e impuso multas al Gobierno de Sinaloa y a la Alianza, y como reacción desde el Ejecutivo estatal se hizo el despido de ambos funcionarios.
Las otras dos denuncias se interpusieron por la dirigencia nacional de Morena, una por el uso de las tarjetas «Puro Sinaloa» y otra por la publicación de cuatro boletines de prensa de la Alianza en el sitio oficial del Gobierno de Sinaloa.
«Están esas y estamos en la posición de presentar más denuncias por la intromisión del Gobernador en las campañas», dijo Américo Villarreal, Senador de Morena y delegado nacional del partido en este proceso electoral en Sinaloa.
Se solicitó postura al Gobierno de Sinaloa sobre cada una de las denuncias, asegurándose, a través de la Coordinación General de Comunicación Social, que buscarán aclarar cada uno de los agravios señalados.
