En 2020, el gasto militar llegó a su máximo histórico, mientras que el destinado a la seguridad pública tuvo su nivel más bajo en los últimos 12 años, de acuerdo con el análisis del Índice de Paz México.
El año pasado también disminuyeron los recursos destinados al sistema judicial, una tendencia que preocupa al Instituto para la Economía y la Paz (IEP), que elabora el reporte.
“El gasto en las Fuerzas Armadas es actualmente de 140 mil millones de pesos, el nivel más alto registrado, los mayores niveles de gasto coinciden con el mayor uso del ejército para combatir los crímenes de la delincuencia organizada”, indica el informe.
“México gastó el 0.73 por ciento de su PIB en el sistema judicial y la seguridad pública en 2020, menos de la mitad del promedio de la OCDE”.
Al respecto, Carlos Juárez, director del IEP en México, señaló en entrevista que el uso de militares es una tendencia contraria a todas las recomendaciones para la contención de la violencia.
“Vemos con preocupación una tendencia de los últimos 6 años de apostarle a la inversión en fuerzas armadas”, comentó.
“Aunque se parecen visualmente, porque son personas uniformadas con armas, la naturaleza de las corporaciones, del entrenamiento de cada uno de sus miembros, es absolutamente distinta, las respuestas tienen que estar en fuerzas civiles, por eso es que llamamos la atención sobre esta tendencia contraria a lo que se recomienda”.
De acuerdo con el índice de Paz México, países como Guatemala, Perú, Honduras, El Salvador y Jamaica gastan más porcentaje de su PIB en los sistemas de seguridad pública y de justicia que México.
Aunque en términos generales los factores de paz mejoraron en México el año pasado, un indicador que se deterioró fue el de las personas en prisión sin ser sentenciadas.
“En México, 4 de cada 10 personas que están en la cárcel no sabemos si son culpables o inocentes, y llevan años ahí, por eso lo medimos como un indicador indirecto de la eficiencia del sistema de justicia”, explicó Juárez.
“Creemos que tiene que ver con el cierre temporal de algunos de los juzgados debido a la pandemia, pero también muy probablemente con la ampliación del catálogo (de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa)”.
El especialista advirtió que la prisión sin sentencia es un riesgo para toda la población, porque ninguna persona está exenta de una acusación falsa.
