Por Jorge Fernández Menéndez
Los detuvieron, amenazaron y los liberaron
Primer capítulo. Un grupo de trece delincuentes, acompañados por el excomandante de la Policía Federal en Mexicali, Iván Doroteo Palafox, y un agente de seguridad de la Fiscalía General de la República, Víctor Hugo Alva, son detenidos el viernes en la noche, cuando intentaron huir de un bar ubicado cerca de la Fiscalía del estado. Se les encuentran tres armas largas, un arma corta, cartuchos, cargadores, chalecos antibalas, equipo táctico y 82 mil dólares en efectivo. Se movían en dos camionetas y cuatro automóviles. La información se publica ampliamente en medios locales. Se supone que los detenidos son miembros del Cártel de Sinaloa.
Capítulo dos. Horas después, en las calles de Mexicali se encuentran varias narcomantas con el mismo mensaje: “Todas las dependencias federales se les advierte que esta sea la primera y última vez que atentan en contra de nuestra organización no saben con quién se están metiendo y ustedes Gobierno municipal y estatal, esto no se va a quedar así se pasaron de verga. Atte, fuerzas revolucionarias del Ruso”.
Capítulo tres. Nota del semanario Zeta divulgada el domingo a las 4:43 pm hora de Mexicali: “Nueve de los trece detenidos y presuntos integrantes de una célula del Cártel de Sinaloa fueron liberados por la Fiscalía General de la República (FGR), luego de encontrar supuestas inconsistencias y poco sustento en el Informe Policial Homologado entregado por la Policía Municipal. La determinación se llevó a cabo el día de hoy, domingo 16 de mayo, por parte del Ministerio Público Federal… El Ministerio Público determinó que no ejercería acción penal en contra de nueve de los implicados al considerar insuficientes las diligencias llevadas a cabo por los agentes aprehensores y por los propios agentes federales investigadores… De manera oficial, ninguna autoridad ha emitido una respuesta de la responsabilidad y de lo ocurrido la madrugada del viernes. Se presume que dicha detención fue la que generó la molestia de los grupos delictivos a las órdenes de El Ruso, a quien se le adjudican cuatro mantas donde se amenaza a las instituciones de gobierno municipal, estatal y federal”.
En otras palabras. Las autoridades locales detienen a un grupo de 13 sicarios, acompañados por dos mandos de seguridad con drogas, armas y 82 mil dólares. La detención se da, incluso, después de una persecución por las calles de Mexicali. Se publicita en la madrugada del sábado, con fotos de los detenidos, del armamento utilizado, el dinero y las drogas. Horas después, un jefe de plaza del Cártel de Sinaloa coloca cuatro mantas amenazando a las autoridades federales, pero sobre todo a las municipales y estatales, les dicen que no saben con quién se están metiendo y les asegura que esta vez se pasaron. Las firman “las fuerzas revolucionarias del Ruso” (no se equivoque usted, no son un movimiento guerrillero, son sicarios que, por alguna razón, se hacen llamar revolucionarios).
Horas después, el domingo en la mañana, rápidamente nueve de los detenidos son liberados. Los otros cuatro se quedarán a ver si los inculpan por portación de armas, pero en el informe que presenta la autoridad municipal no queda claro si realmente las portaban (al momento de escribir estas líneas no se sabía si esos cuatro habían sido dejados en libertad o si continuaban detenidos). Las autoridades municipales que participaron en la detención los persiguieron por las calles, exhibieron sus armas, dólares y drogas, luego de que se colgaron las mantas, repentinamente desmintieron en su informe policial homologado casi todo, no había armas, no había drogas, tampoco dinero. Con base al IPH, el Ministerio Público decide liberarlos a todos.
Hasta allí esta historia, un perfecto paradigma de por qué ninguna estrategia de seguridad puede funcionar mientras se mantenga la impunidad, mientras los grupos criminales puedan intimidar públicamente a las fuerzas de seguridad y éstas simplemente se doblen. Fueron 48 horas en Mexicali que escenificaron lo que se vive en buena parte del país, todos los días, cuando hay que ejercer la justicia.
¿QUÉ PASÓ CON CABEZA DE VACA?
El viernes hablábamos aquí de la forma incomprensible en que cuatro ministros revivieron la Ley Mordaza contra los medios que había sido descartada desde 2017. El mismo viernes se decidió la controversia constitucional sobre el desafuero del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca que había presentado el Congreso estatal. El ministro Juan Luis González Alcantar desconcertó a todos por la forma en que desechó esa controversia por “notoriamente improcedente”. De esa forma dejó sin resolver el fondo del tema y ahora tanto el presidente López Obrador como la Cámara de Diputados estatal insisten en que la resolución del ministro les dio la razón.
Quién sabe qué quiso decir el ministro con esa decisión, pero lo que nos dicen los especialistas es que la resolución es poco afortunada porque hace afirmaciones que no son propias de un desechamiento. Y da lugar a interpretaciones distintas, dependiendo del lado en el que está el que opina. Un desechamiento no prejuzga ni tendría efecto alguno sobre la decisión de la Cámara de Diputados. Por eso todos se mantienen en su posición.
