La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) aseguró que prepara, en diálogo con organizaciones de la sociedad civil, una acción de inconstitucionalidad en contra de la nueva Ley de la Fiscalía General de la República (FGR).
En un pronunciamiento público, el organismo autónomo dijo que la nueva legislación no garantiza el derecho de las víctimas a coadyuvar activamente con el Ministerio Público, ni cumple con los estándares internacionales en la materia ni con el principio de progresividad.
«Esta Comisión se encuentra analizando con organizaciones civiles y víctimas el decreto de mérito en su totalidad para detectar todos los vicios de inconstitucionalidad y promover la demanda de acción de inconstitucionalidad correspondiente ante nuestro máximo Tribunal constitucional», expresó.
La CNDH detalló que el artículo 5 de la ley antepone como función primordial de la FGR la representación del «interés social», por encima de la «protección a los intereses de la víctima», lo que pudiese ser regresivo y atentar contra el principio de progresividad.
«En este sentido, se eliminan las funciones de intervenir en los procesos de ejecución penal, dejando de lado los derechos humanos de las víctimas y su acceso a la justicia», advirtió.
También señaló que la facultad de atracción de la Fiscalía es limitativa del ejercicio de acceso a la justicia de las víctimas de derechos humanos.
…Y rechazan ley comisiones de búsqueda
La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y 28 comisiones estatales de búsqueda manifestaron su rechazo a la nueva Ley de FGR publicada ayer en el Diario Oficial de la Federación.
En un comunicado, las comisiones afirmaron que esta nueva legislación representa un obstáculo para la búsqueda de personas desaparecidas y una violación a los derechos a la verdad y la justicia, por lo que urgieron a la CNDH presentar la acción de inconstitucionalidad ante la Corte.
Detallaron que esta ley representa varias regresiones pues niega los derechos de las víctimas frente al Ministerio Público, debilita la obligación de la FGR frente a los mecanismos de derechos humanos, incluido el Sistema Nacional de Búsqueda, y elude su responsabilidad en relación con las víctimas migrantes.
También restringe su facultad de atracción y limita la integración de comisiones especiales.
«Además, insistimos, tergiversa el significado de lo que implica la autonomía y regresa a una fiscalía vertical, no transparente y cerrada a la ciudadanía, y obstaculiza la coordinación interinstitucional», abundaron.
«Además, el proceso legislativo no garantizó el derecho de participación de los familiares de personas desaparecidas».
Las comisiones consideraron que lo que se necesita es atender la crisis de desaparecidos y combatir estructuralmente la impunidad con reformas constitucionales y legales de verdad y justicia.
En tanto, organizaciones de la sociedad civil de Nuevo León también manifestaron su rechazo a la minuta porque obstaculiza el proceso para localizar a las víctimas de desaparición, la posibilidad de acercarse a la verdad y tener acceso a la justicia.
«Esta ley obstaculiza la participación de las familias en las investigaciones y dificulta que puedan tener acceso a copias de sus expedientes, nombrar peritos o personas expertas, instalar comisiones especiales y participar en la elaboración de planes de investigación», alertaron en un comunicado.
«Esto representa un retroceso significativo respecto de los logros que ha tenido el movimiento de los familiares de personas desaparecidas en el País, lo que atenta contra el principio de progresividad de los derechos humanos que todas las autoridades están obligadas a cumplir».
Las organizaciones firmantes son la Agrupación de Mujeres Organizadas por los Ejecutados Secuestrados y Desaparecidos de N. L. (Amores), Buscadoras de Nuevo León, Eslabones por los Derechos Humanos de Nuevo León, y Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A. C. (CADHAC).
