Por Yuriria Sierra
43: seis años
Hace seis años un suceso en particular sería la cuna de un movimiento que se anotaría en la historia como una de las grandes heridas contemporáneas en un país lleno de cicatrices
Corrupción y transición democrática. Dos de los elementos que definen al México del siglo XXI, pero no los únicos. Tal como ocurrió en el pasado, la historia de nuestro país también se cuenta a través de acontecimientos que revelan la estructura de un Estado que tanto ha costado construir y al que tanto le cuesta hoy deconstruirse para mirar al futuro. La alternancia, el combate al narcotráfico, el regreso del PRI a Los Pinos.
Pero hace seis años un suceso en particular no sólo sería la primera gran sacudida de un gobierno en funciones, ya por sí mismo cuestionado, también sería la cuna de un movimiento que se anotaría en la historia como una de las grandes heridas contemporáneas en un país lleno de cicatrices.
Aquella noche del 26 de septiembre de 2014, el de la noche negra de Iguala, primero nos obligaría a comprender, de una vez por todas y a golpe de una terrible realidad, el alcance de los grupos criminales y su anquilosamiento dentro del organigrama de la función pública; pero, además, descubriría, sin reparo, las tantas debilidades de un sistema de impartición de justicia que opera para dar resultados que solamente sirven para la foto, pero que nada abonan a la credibilidad.
Aún recuerdo esa tarde de 2014, habían pasado un par de meses de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Jesús Murillo Karam encabezó una conferencia crucial, porque ahí conoceríamos el término “verdad histórica”. Transmitíamos Hora Capital, en la estación que entonces era Reporte 98.5, el procurador federal de la República narraba lo concluido tras una investigación de varias semanas: los jóvenes habían sido detenidos, asesinados y sus cuerpos incinerados en un basurero cerca de Cocula. Ya teníamos la imagen de uno de ellos, Julio César Mondragón, pero aquella tarde, desde la PGR nos contaron el destino de esos 43 estudiantes. Y la cabina se quedó en silencio. Ante lo escuchado, sin nada tangible, únicamente declaraciones oficiales, ¿qué otra cosa restaba a los familiares? ¿Cómo dar carpetazo a un hecho inédito hasta para un país que vivió Tlatelolco y un halconazo?
Nada avanzó durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, nada que no fuera la exigencia de justicia. Nadie puede regatear el derecho de los padres de los jóvenes para conocer lo que ocurrió aquel 26 de septiembre. Sin embargo, con la llegada de la 4T, varias aristas han cambiado de dirección. Una nueva identificación de restos, entradas y salidas de prisión de personajes involucrados, hasta la posible búsqueda con vida de uno de los normalistas en Baja California; pero el eje rector de la narrativa sigue siendo el mismo. Por eso resulta esperanzador, pero también cruel, que un gobierno que ha decidido empezar de cero, aliente la idea de que una verdad con un final distinto al ya conocido pueda ser encontrada.
Sí, a los familiares les debían la recepción en Palacio Nacional, que dejaran de tratarlos como manifestantes, que les dieran el lugar de víctimas; pero el actual gobierno tiene también la responsabilidad, por humanidad, en primera instancia, de no alimentar posibilidades que difícilmente podrá sostener. Tendrá que apostarle al fortalecimiento del Estado desde una perspectiva distinta, por mucho que nos duela.
