Cd. de México (27 septiembre 2020).- Un juez federal vinculó a proceso a David Ulises Lara Ramírez, presunto integrante del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) relacionado con los asesinatos del juez Uriel Villegas Ortiz y de su esposa Verónica Barajas, ocurridos el 16 de junio pasado en Colima.
Lara Ramírez será procesado por delitos contra la salud en la modalidad de posesión de metanfetamina con fines de comercio; delincuencia organizada, con la finalidad de cometer delitos contra la salud; y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), el miembro del CJNG planeaba pintar de otro color y cambiar las placas de circulación de la camioneta que usaron los autores materiales del doble asesinato.
Lara Ramírez fue detenido el 25 de junio por elementos de Policía Federal Ministerial (PFM) en el interior de un taller mecánico de la Colonia Los Viveros, en Colima.
En ese sitio fue localizado el vehículo en el que huyeron los responsables.
Al momento de su detención, la PFM además le aseguró cartuchos de distintos calibres para armas de uso exclusivo, clorhidrato de metanfetamina, dinero en efectivo y un teléfono móvil.
Se le relaciona con Jaime Tafolla Ortega, alias «El Alacrán», considerado como principal sospechoso del crimen del juez y su esposa, eslabón principal del CJNG en Colima, y copartícipe en la desaparición y feminicidio de la diputada Anel Bueno Sánchez.
El 28 de junio de 2020, el Juez Primero de Control del Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Técnicas de Investigación, Arraigo, e Intervenciones de Comunicaciones, autorizó un arraigo en su contra por 40 días.
Esta medida cautelar fue ampliada el 5 de agosto y concluyó el 15 de septiembre. Al día siguiente, se realizó la audiencia inicial en la cual se le fijó al imputado prisión preventiva oficiosa en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 «Altiplano».
Durante la continuación de la audiencia inicial, en la que se determinó la vinculación a proceso, el juez federal confirmó la prisión preventiva oficiosa y dio a la FGR un plazo de tres meses para la investigación complementaria.
