Un juzgado federal ordenó hoy mantener derechos y beneficios del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) a más de cien universidades privadas, al conceder una suspensión provisional contra la reforma que las excluyó de seguir recibiendo recursos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
El juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa concedió la suspensión en un amparo promovido por la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES), que impugna la reforma al Reglamento del SNI, publicada el 20 de abril, por la cual más de mil 600 investigadores y científicos de universidades privadas ya no pueden acceder a estos fondos.
“Se concede la suspensión provisional de los actos reclamados solicitada por los quejosos para el efecto de que las cosas permanezcan en el estado en que se encontraban, es decir, para que los investigadores quejosos de las instituciones privadas puedan seguir contando con los derechos y beneficios de que gozaban hasta antes de la expedición de las normas controvertidas”, ordenó el juzgado, actualmente a cargo de un secretario en funciones de Juez.
El Conacyt puede impugnar la suspensión provisional ante un tribunal colegiado de circuito, que tendrá 48 horas para resolver.
El 22 de junio, el secretario, o en su caso el juez que asuma la titularidad del órgano, resolverá si concede una suspensión definitiva, que obligaría al Conacyt a no retirar los beneficios económicos y académicos que otorgaba antes del 20 de abril a investigadores de universidades afiliadas a la FIMPES.
Estas incluyen al ITAM, varios campuses de las universidades Anáhuac e Iberoamericana, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad de las Américas, la Universidad Panamericana, el ITESO, la Universidad La Salle y la Autónoma de Guadalajara, entre otras.
Hasta ahora, investigadores a título personal, y algunas universidades y asociaciones, han presentado al menos otros trece amparos ante juzgados de la Ciudad de México para cuestionar la reforma al SNI, que además, reinstauró la posibilidad de que servidores públicos en funciones cobren al mismo tiempo apoyos como investigadores.
Si bien la mayoría de estos amparos han sido admitidos a trámite, solo en dos casos se habían otorgado suspensiones.
Rubén Martínez Avendaño y Marta Cabo Nodar, miembros del SNI que laboran en la División de Actuaría, Estadística y Matemáticas del ITAM, obtuvieron esta semana una suspensión similar a la concedida a la FIMPES.
Por su parte, el doctor en biología Othón Vargas Cardoso consiguió una suspensión, pero solo para que no se le apliquen nuevos requisitos de acceso a los primeros niveles del SNI.
Más allá de las suspensiones, los juicios para aclarar si la reforma al SNI viola derechos humanos tomarán varios meses, y eventualmente serán decididos por tribunales colegiados de circuito, o por la Suprema Corte de Justicia, si es que decid intervenir de manera extraordinaria para resolver sobre la Constitucionalidad de un reglamento.
