CIUDAD DE MÉXICO. La diputada Mayusa Isolina González Cauich (PRI) pidió a la Secretaría de Gobernación (Segob) hacer expedita la Ley de Amnistía y agilizar los procedimientos de revisión de solicitudes de presos indígenas que pueden alcanzar su libertad con su aplicación.
Muchos de ellos, personas indígenas y afromexicanas que no han tenido una defensa adecuada, además que son discriminados y violentados en sus derechos humanos, sostuvo en un comunicado.
La legisladora por Veracruz presentó ante la Comisión Permanente un exhorto al Gobierno Federal para que revise los casos de las más de 7 mil personas indígenas que están detenidas y no cuentan con el apoyo de un defensor público, un intérprete de su lengua, incluso, desconocen su situación jurídica y han tenido violaciones en el debido proceso.
El punto de acuerdo demanda también que, a través de la Segob, el Congreso de la Unión conozca el informe anual sobre las solicitudes de amnistía pendientes y resueltas, así como de los supuestos por los cuales se han concedido, mandatado en el artículo cuarto transitorio de la legislación en la materia.
La ley fue publicada el 22 de abril de 2020 y generó altas expectativas, se aprobó para beneficiar a personas en condición de vulnerabilidad y garantizar justicia social; sin embargo, su aplicación no ha permitido el acceso pleno de los pueblos autóctonos a la justicia penal, que sigue como un asunto pendiente de resolver por parte del Estado mexicano”, expuso.
La integrante de la Comisión de Pueblos Indígenas agregó que “no se trata de que la ley exista, sino de que funcione; es una ventana de oportunidad con el objetivo de que las personas privadas de su libertad puedan reinsertarse socialmente a través de programas para tal fin”.
Sin embargo, recordó, a más de un año de su vigencia, la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha buscado emitir recomendaciones para que se apliquen protocolos con apego a los derechos humanos, se incorporen intérpretes que expliquen la situación legal a los reclusos, así como la inclusión laboral de servidores públicos que conozcan las especificidades culturales de las comunidades y hablen sus lenguas.
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Con base en datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, hasta octubre de 2020, la población indígena y afrodescendiente mexicana en centros penitenciarios en el país era de 7 mil 185 personas. De éstas, 6 mil 817 por haber cometido delitos del fuero común y 368 del fuero federal. Se estima que 246 personas del total son mujeres y el resto, 6 mil 939, hombres.
Asimismo, los pueblos con mayor número de presos son el náhuatl, con mil 549; zapotecos, 594; mixtecos, 431 y rarámuris con 404 además de que se identificó al menos 794 personas indígenas requirieron de servicios de atención particular, debido a que no conocían su situación jurídica o las razones por las que estaban en los centros penitenciarios, sin soslayar la falta de equidad y la ausencia en la aplicación de los derechos humanos.
