A través de sus embajadores en Nicaragua, los Gobiernos de México y Argentina afirmaron que revisarán las acciones político-legales que en las últimas semanas están poniendo en riesgo a opositores del Presidente Daniel Ortega.
En un comunicado conjunto, ambas naciones, las cuales se abstuvieron de condenar los arrestos de opositores en Nicaragua a través de la Organización de los Estados Americanos (OEA), se pronunciaron a favor de un análisis de lo que ocurre en el País centroamericano.
«Los Gobiernos de México y la República de Argentina informan que el día de hoy instruyeron a sus embajadores en la República de Nicaragua, Gustavo Alonso Cabrera Rodríguez y Mateo Daniel Capitanich, respectivamente, a trasladarse a sus respectivas capitales, con el objetivo de realizar consultas sobre las preocupantes acciones políticas-legales realizadas por el gobierno nicaragüense en los últimos días que han puesto en riesgo la integridad y libertad de diversas figuras de la Oposición (incluidos precandidatos presidenciales), activistas y empresarios», se informó.
«Argentina y México se mantendrán atentos a la evolución de los acontecimientos relacionados con la hermana República de Nicaragua y seguirán promoviendo inequívocamente el pleno respeto y promoción de los derechos humanos, las libertades civiles, políticas y de expresión de toda persona, con independencia de su nacionalidad y/o profesión».
En el texto oficial también externaron la disposición para colaborar en la solución de la problemática política en Nicaragua, siempre y cuando ésta esté acompañada de la división de poderes, respeto a minorías, garantías constitucionales y pleno respeto al estado de Derecho.
En las últimas semanas, han sido detenidas al menos 17 personas bajo acusaciones de supuesta injerencia extranjera o lavado de dinero, algo que abogados y familiares de éstos han denunciado como una represión del Gobierno de Ortega.
Señalaron que sus parientes se encuentran en calidad de «desaparecidos», pues no han podido verlos ni obtener información sobre su estado legal.
Asimismo, de acuerdo con La Prensa, las autoridades han estado realizando audiencias ilegales, privadas y donde se les imponen defensores públicos a los detenidos.
