Senadores del PAN demandaron al Gobierno federal dejar de utilizar el proceso de vacunación con fines políticos.
En un punto de acuerdo presentado ante la Comisión Permanente, acusaron que previo al proceso electoral del pasado 6 de junio la aplicación de vacunas registró un aumento inusitado, pero éste se desplomó una vez concluidos los comicios.
Los panistas acusaron al Gobierno federal de tratar de influir en el voto de los ciudadanos, por lo que le demandaron dejar de usar la vacunación con propósitos políticos y hacer de la Salud de las y los mexicanos su máxima prioridad.
«La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a dejar de utilizar con propósitos políticos la vacunación contra la enfermedad por Covid-19, como quedó demostrado por la reducción en el número de inmunizaciones aplicadas a la población después de las elecciones del pasado 6 de junio, poniendo a la salud de las y los mexicanos como la máxima prioridad de las acciones de su Gobierno», indica el punto de acuerdo.
Los panistas llamaron a la Secretaría de Salud a incrementar el número diario de personas vacunadas, a fin de concluir el proceso de inmunización lo más pronto posible.
«La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud del Gobierno federal a realizar las acciones conducentes para incrementar el número diario de personas vacunadas contra la Covid-19, inmunizando a la totalidad de la población susceptible de aplicarse la vacuna en el menor tiempo posible, con el propósito de combatir la evolución de la pandemia, lo que nos permita como sociedad retomar con mayor seguridad todas nuestras actividades económicas y sociales».
En la exposición de motivos, el punto de acuerdo señala que el 3 de junio pasado, tres días antes de las elecciones federales y locales, el Gobierno federal presumió que se habían puesto más de un millón de dosis de vacunas contra el Covid-19, debido a que en los días previos a la jornada electoral el proceso de vacunación registró un aumento inusitado.
No obstante, agregaron, una vez celebradas las elecciones el ritmo en la aplicación de las vacunas se desplomó.
«Tras las elecciones del 6 de junio, el número de vacunas aplicadas contra el Covid-19 bajó 32 por ciento. Las personas vacunadas pasaron de 7 millones 270 mil 756 entre el 23 de mayo al 5 de junio, a cuatro millones 942 mil 778 del 7 al 19 de junio», señala.
El documento recuerda que el Presidente Andrés Manuel López Obrador adjudicó la desaceleración en el número de personas vacunadas a una reducción en la llegada de lotes de dosis al País.
No obstante, afirma que esta explicación es inaceptable, porque en esas fechas el Gobierno federal contaba con casi 9.5 millones de dosis almacenadas.
«Las circunstancias aquí expuestas ponen de manifiesto una cosa: el propósito del Gobierno de López Obrador de influir en los electores previo a la jornada cívica del 6 de junio al utilizar el proceso de vacunación con fines electorales mediante la aceleración de este proceso en los días anteriores a los comicios y la transmisión de ese mensaje a los ciudadanos», advierte.
El punto de acuerdo indica que pese a los intentos por presentar como un éxito el proceso de vacunación, la realidad es que existe un rezago importante, porque a casi seis meses de campaña sólo 26.6 millones de personas habían recibido al menos una dosis de la vacuna, lo que equivale a 21.2 por ciento de la población total.
Expresa Comisión Permanente preocupación por Nicaragua
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión manifestó su preocupación por la situación política de Nicaragua.
En un pronunciamiento leído por el presidente del Senado, el morenista Eduardo Ramírez, las y los legisladores lamentaron lo que calificaron como ataques a las libertades civiles, políticas y a la libre expresión.
«La Comisión Permanente del Congreso de la Unión manifiesta su profunda preocupación por los hechos recientes en los que las libertades políticas, civiles y de libre expresión están siendo agredidas en Nicaragua», indica el pronunciamiento.
La Comisión Permanente manifestó su beneplácito por la decisión de consultar al Embajador de México en aquel País para conocer las acciones emprendidas por el Gobierno nicaragüense.
Lo anterior, por considerar que está en riesgo la libertad e integridad de activistas y representantes de la Oposición.
«La Comisión Permanente del Congreso de la Unión valora la decisión de convocar a consultas al Embajador de México en Nicaragua para conocer el Estado de las acciones políticas legales realizadas por el Gobierno de ese País, que han puesto en riesgo la libertad e integridad de representantes de la Oposición, activistas y personalidades de la sociedad civil nicaragüense», sostiene el documento leído por Ramírez.
Las y los legisladores hicieron votos para que se generen las condiciones para que la elección de promoción 7 de noviembre se celebre de forma libre y pacífica.
«La Comisión Permanente del Congreso de la Unión hace votos para que el pueblo nicaragüense recupere los espacios políticos para la reconciliación, la paz interna y el respeto irrestricto a los derechos humanos, al tiempo que se generen las condiciones para que la elección general del próximo 7 de noviembre se celebre de forma libre, legal, incluyente, transparente y pacífica».
El pronunciamiento tiene lugar a cinco meses de las elecciones presidenciales en las que Daniel Ortega buscará su cuarto mandato consecutivo y en medio de una oleada de arrestos de activistas y opositores.
