El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) promoverá una controversia constitucional en contra de diversas disposiciones contenidas en la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, ya que afecta sus garantías institucional y presupuestal.
La nueva ley, publicada en el DOF el 19 de mayo pasado, establece que ningún funcionario federal deberá ganar más que el Presidente de la República pero, a diferencia de la anterior, establece una fórmula para calcular la Remuneración Anual Máxima con base en el Producto Interno Bruto (PIB).
«Lo anterior, debido a que se considera que diversas disposiciones contenidas en el decreto afectan su autonomía constitucional y sus garantías institucional y presupuestal», mencionó el Instituto.
El IFT también presentará una controversia constitucional contra la Ley para la Transparencia, Prevención y Combate de Prácticas Indebidas en Materia de Contratación de Publicidad al considerar que afecta su competencia constitucional.
La Ley, publicada en el DOF el 3 de junio, en cuestión tiene por objeto promover la transparencia en el mercado de la publicidad y prevenir prácticas comerciales que constituyan una ventaja indebida a favor de personas determinadas en perjuicio de los anunciantes o de los consumidores.
Ley aplica a los actos, contratos, convenios, acuerdos o procedimientos, cualquiera que sea el nombre o denominación que se les dé, que celebren entre sí, dos o más agencias de publicidad, anunciantes y/o medios de comunicación
Este último punto incluye los medios impresos, las telecomunicaciones, la radiodifusión, las señales satelitales, el internet, la fibra óptica, el cable o cualquier otro medio de transmisión, difunda espacios publicitarios.
Las denuncias derivadas del incumplimiento de la Ley se sustanciarán y procesarán por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), pese a que se contemplan las telecomunicaciones y la radiodifusión.
«El Pleno del Instituto considera que diversas disposiciones contenidas en esa Ley afectan la competencia constitucional de este órgano autónomo como autoridad en materia de competencia económica de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión en los términos que dispone el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos», informó el regulador en un comunicado.
