Por Pascal Beltrán del Río
Para fueros, los de López-Gatell y Serranía
El gobierno suele presumir como un logro que se haya acabado la protección constitucional para el Presidente de la República. Si bien es cierto que se amplió el catálogo de delitos por el que puede ser procesado penalmente el Ejecutivo, la realidad es que aún habría que realizarle un juicio de procedencia antes de que pudiera ser detenido por la comisión de un acto ilícito.
Sin embargo, en México hay un par de servidores públicos que, en los hechos, gozan de una completa inmunidad ante las más graves acusaciones. No importa que su gestión haya sido señalada —por comisión u omisión— como responsable del fallecimiento de personas. Ellos siguen firmemente en sus puestos.
Me refiero al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, y a la directora general del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Florencia Serranía.
Al primero le llevaron mariachis y flores el viernes 11, día que concluyeron las conferencias diarias sobre la evolución de la pandemia. No importó que México fuera el cuarto país del mundo en decesos por la enfermedad ni sus constantes declaraciones erráticas y cargadas de pedantería: la decisión oficial fue que recibiera un tratamiento de héroe nacional al estilo soviético.
Hace unos días, el ministro de Salud de Reino Unido, Matt Hancock, tuvo que renunciar a su puesto luego de la publicación de fotos en las que aparecía besándose con una subalterna. La razón de su despido no fue que ambos fueran casados y con hijos, sino que el hecho —ocurrido en mayo pasado— violó las drásticas medidas restrictivas impuestas por el propio ministro para combatir la oleada de contagios causada por la variante alfa del coronavirus.
La salida de Hancock no es un caso único en el mundo. Desde la aparición del covid, lo mismo ha pasado a los ministros de Salud de Nueva Zelanda y Argentina, así como a otros altos funcionarios en diversos países.
Pero no a López-Gatell. Él continúa en su puesto a pesar de haber sido sorprendido haciendo cosas que no sólo denotan privilegio, sino que ponen en riesgo a otras personas.
Por ejemplo, pudo ir a pasear a las costas de Oaxaca, en diciembre pasado, violando la recomendación que él mismo había hecho de que las personas que vivieran en entidades del país con semáforo epidemiológico rojo no se desplazaran hacia estados con menor presencia de la enfermedad, para no contribuir a la propagación del patógeno.
En lugar de ofrecer disculpas, el funcionario se indignó por haber sido exhibido en las redes sociales. Lo mismo hizo a principios de marzo, cuando fue sorprendido paseando por la colonia Condesa con su pareja —en algunos momentos sin usar cubrebocas—, a pesar de que la víspera había grabado un video en el que decía que seguía aislado para evitar el riesgo de contagiar a otras personas del covid que había adquirido menos de tres semanas antes, razón por la que, dicho por él, aún no se había presentado a trabajar.
Hoy, cuando el país se encuentra en pleno repunte de contagios —y a punto de alcanzar los 240 mil muertos por covid en cifras oficiales o cuatro veces el “escenario muy catastrófico” pronosticado por él mismo hace un año—, López-Gatell se encuentra firme en su cargo.
Lo mismo sucede con Florencia Serranía, la directora del Metro. Han pasado casi dos meses del desplome de la Línea 12, que causó 26 muertos y decenas de heridos graves, y ni ése ni otros sucesos de consideración ocurridos en el STC han merecido que sea separada del cargo. Ni siquiera de manera temporal, en lo que se desarrollan las investigaciones.
Tanto López-Gatell como Serranía parecen tener un manto de protección que los hace inmunes ante cualquier acusación en su contra, por más grave que sea. Dichos funcionarios son incuestionables e inimputables. Ése sí que es fuero.
