Por Raymundo Riva Palacio
Fracaso sinfín
El 22 de abril de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en Veracruz que a partir de ese momento, en un plazo de seis meses, mejorarían las condiciones de seguridad mediante el cumplimiento de todos los programas sociales, el despliegue de la Guardia Nacional y que los gobiernos no sean corruptos. En ese momento, el número de homicidios dolosos por mes era de 2 mil 792. Dos años después ya estaban en marcha todos los programas sociales, la Guardia Nacional está desplegada en todo el país y, según el Presidente, se acabó la corrupción. La violencia, sin embargo, no para. En abril pasado, el número de homicidios dolosos fue superior: 2 mil 857.
Poco antes de la primera declaración del Presidente, el 25 de febrero de 2019, el entonces secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, afirmó en una entrevista con EL FINANCIERO-Bloomberg que en los primeros seis meses del gobierno de López Obrador “habrá un punto de inflexión en la tendencia creciente de los índices de criminalidad en el país”, y que con la puesta en marcha de la Guardia Nacional se podría rescatar la paz y la tranquilidad del país en tres años. Tres años después, aquella declaración es una quimera.
La inseguridad arrastra al gobierno de López Obrador, que está buscando en el pasado la explicación del presente. Este lunes repitió que la violencia era “un fruto podrido que heredamos”, lo cual es cierto, pero cada vez es más débil el argumento porque cada vez hay más personas que cuestionan, aceptando su afirmación, qué es lo que está haciendo él. En la encuesta mensual que realiza EL FINANCIERO sobre la aprobación presidencial, la seguridad pública continúa siendo la política donde más se le reprueba, donde seis de cada 10 consideran que lo ha hecho mal o muy mal.
Tres años son demasiados para que no haya resultados. Al Presidente no le gusta que se le muestre el espejo de lo fallidas que fueron sus declaraciones y sus promesas, pero los números no mienten. El lunes subrayó, como lo ha hecho en las últimas semanas, que en México “hay paz, hay tranquilidad y hay gobernabilidad”. Desafortunado el momento de la afirmación, pero entendible por la forma como lo cuestionaron en Palacio Nacional sobre los índices de violencia. Este domingo se registraron 115 asesinatos, el quinto día más violento del sexenio en este tipo de crimen, superado por dos días en junio y octubre pasado. El último año del gobierno de Enrique Peña Nieto, el más violento de su sexenio, el promedio diario de crímenes fue de 95. Y el 9 de enero de 2010 se registró el día más violento del sexenio de Felipe Calderón, con 69 muertos.
Las referencias del Presidente al pasado se sostienen en el discurso, pero no en los datos. En el balance semanal de la guerra en números de la consultora TResearch, el total acumulado de homicidios dolosos en lo que va del sexenio de López Obrador asciende a 88 mil 823, contra 43 mil 956 en el mismo periodo de Peña Nieto, 31 mil 972 de Calderón, y 34 mil 651 de Vicente Fox. Contra los datos duros, el Presidente sólo tiene palabras y confusiones. La más importante, que no supo explicar este lunes que la disminución de homicidios dolosos entre mayo y junio bajó en 31 por ciento. Dijo, sin embargo, una mentira: en lo que va de su sexenio, esa cifra bajó 3 por ciento, cuando en realidad la tendencia ha sido al alza.
La reducción de 31 por ciento es tan fuerte, que probablemente sea una reducción artificial, derivada del proceso electoral y un despliegue mayor de militares en el país. Es una paradoja ese buen dato para el Presidente, porque se puede argumentar que es la mejor demostración del fracaso de su no-estrategia de seguridad. Si bajó de esa manera el número de homicidios dolosos, en esta misma línea de pensamiento se puede plantear que fue por la inhibición causada por la presencia de los militares. De la misma manera se puede anticipar que ahora que regresen a sus cuarteles o se mantenga la orden de no participar en acciones de contención o combate a delincuentes, esa reducción se evaporará.
El Presidente insiste en su política de atacar las fuentes que causan la violencia –que también intentaron sin éxito Calderón y Peña Nieto– como única estrategia. Los números, aun con sus datos, muestran el fracaso, como ya se vio. Ha señalado, como si fuera un avance, que hay estados donde el crimen se encuentra en niveles muy bajos, porque hay “hegemonía” de los cárteles. Si las organizaciones criminales lo han logrado, es porque les han permitido actuar y erradicar a sus enemigos de los territorios bajo su control –el 30 por ciento del territorio nacional, según el Comando Norte del Pentágono estadounidense–. Cuando habla de violencia criminal dice que son enfrentamientos entre las bandas, lo cual es muy cierto, pero su opinión cuando eso decían anteriores gobiernos era de condena.
La política del Presidente es laxa con los criminales. López Obrador ha sido condescendiente y proactivo con los cárteles, en especial con el del Pacífico/Sinaloa. Dos momentos son memorables: cuando saludó a la madre de Joaquín El Chapo Guzmán y a petición de ella durante una gira por Badiraguato en marzo del año pasado, instruyó a varios secretarios de Estado que analizaran la forma de lograr su extradición de Estados Unidos. A su hijo Ovidio lo dejó en libertad en 2019, al estar detenido en cumplimiento de una orden de captura con fines de extradición a Estados Unidos.
La delicadeza con la que se refiere a los criminales es opuesta a la dureza con la que habla de exfuncionarios, a quienes llama delincuentes. La justicia determinará si lo son o no, pero lo objetivo hoy en día es que los resultados que dieron en materia de seguridad superan ampliamente a lo logrado por López Obrador.
