El Gobierno lanzó un nuevo golpe al sector privado mientras busca devolver a Pemex su monopolio, ahora en la importación de combustibles.
El pasado 11 de junio, el SAT publicó una modificación a las reglas de comercio exterior para prohibir a privados obtener o renovar permisos para importar combustibles desde lugares distintos a los autorizados.
Lo anterior impactará en inversiones hasta por 4 mil 640 millones de dólares en proyectos de almacenamiento autorizados, además de afectar la competencia y al consumidor final.
Los actuales permisos, con vigencia de 3 años, permiten a la iniciativa privada (IP) importar combustibles en terminales de almacenamiento.
Actualmente, el sector privado importa 35 por ciento de las gasolinas, 48 por ciento del diesel y 98 por ciento del gas LP.
El cambio no aplica ni a Pemex ni a CFE, que podrán importar y exportar desde distintos puntos.
«Lo más grave es que poner a temblar las inversiones ya hechas (en almacenamiento), es prácticamente una expropiación porque las dejas sin viabilidad», advirtió Rosanety Barrios, especialista en energía.
De las inversiones aprobadas por la Secretaría de Energía en 70 proyectos de almacenamiento por 4 mil 600 millones de dólares, alrededor de mil 500 millones de dólares ya se ejecutaron, de acuerdo con un cálculo de FTI Consulting.
Barrios explicó que las empresas construyeron plantas de almacenamiento que son negocio porque tienen un cliente con el permiso para importar y almacenar el combustible en diversos puertos de México.
Algunos proyectos privados que operan en la actualidad son el de IEnova, en Veracruz; el de Glencore, en Dos Bocas, y el Monterra Energy, en Tuxpan, que está en fase de pruebas.
Otros modelos de negocio incluyen importación desde refinerías en Estados Unidos por tren hasta terminales ubicadas en el Bajío, como el caso de Exxon Mobil.
Las empresas con terminales reciben una autorización denominada Lugar Distinto al Autorizado (LDA), que otorga el SAT por 3 años y conforme éstas vaya venciendo, se quedarán sin la posibilidad de importar sus productos.
Pablo Zárate, director de FTI Consulting, aseguró que a diferencia de otras modificaciones, ésta medida viola el espíritu del T-MEC de proteger las inversiones y genera una barrera artificial al comercio.
«Es una medida discriminatoria con impactos directos en la inversión», expuso.
Gabriel Ruiz, socio de Thompson & Knight, aseguró que la medida limita el derecho de los particulares y modifica los costos de los proyectos, lo que detonará un incremento en costos de transporte.
El lunes, la American Chamber México (AmCham) señaló que la medida tendrá un impacto significativo en los precios de los combustibles y otros productos del sector alimentario y farmacéutico, entre otros, lo que impactará en el consumidor final.
