Unas 300 personas de nueve comunidades del Municipio de Zihuatanejo tuvieron que huir de sus pueblos por amenazas de un grupo armado que pretendía cobrarles una cuota mensual.
Los desplazados -entre los que hay decenas de niños, mujeres y adultos mayores- viven en condiciones precarias en campamentos improvisados con lonas de nylon en zonas de la sierra baja del propio Municipio.
«Aquí la gente duerme y ahorita con la lluvia seguramente muchos niños y ancianos se van a enfermar», menciona.
Se trata de 70 familias de los pueblos de El Mamey, La Vainilla, Arroyo Seco, La Soledad, Puentecillos, Piedras Rodadas, Zapotillo, Pie de la Cuesta y Paso del Burro.
El 7 de mayo, hombres armados con fusiles de asalto, integrantes de un grupo que se hace llamar «Los Cuernudos» -dirigido por Flavio Delgado Cruz y su hijo Marco Delgado Hernández-, ingresaron en estas comunidades con la intención de cobrar cuotas de entre 10 mil y 15 mil pesos al mes por familia.
«Nos quitaron vacas, gallinas, carteras y hasta teléfonos celulares», dijo una de las personas desplazadas que por razones de seguridad no quiso proporcionar su nombre.
El pago de cuotas era exigido incluso a personas de la tercera edad, afirmó.
Las familias piden alimentos y que el Ejército y la Guardia Nacional acudan al lugar donde se encuentran, para evitar que sean agredidos por el grupo armado.
«Tenemos miedo de que esos bandidos vengan acá y hagan una matazón», expresó.
Dice que la principal demanda es que el Gobierno saque o detenga a los líderes de esa organización armada para que ellos regresen a sus pueblos a seguir su vida normal.
Sin embargo, señala, los diversos llamados que desde hace más de un mes han realizado no han encontrado ningún eco.
«Pareciera que el Gobierno protege a esos delincuentes porque sabe perfectamente dónde están escondidos y no los detiene», expresó.
El pasado 17 de junio los pobladores enviaron un escrito al Presidente Andrés Manuel López Obrador, a la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y a la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Ibarra de Piedra, para que les otorguen medidas cautelares.
«Le pedimos al Gobierno que envíe a esta parte de la sierra al Ejército Mexicano y la Guardia Nacional para que detenga a los delincuentes, pero hasta el momento no hemos recibido ninguna respuesta», expresó.
Mencionó que incluso hace días recibieron respuesta de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, Cecilia Narciso Gaytán, quien aseguró que el Gobierno estatal había enviado a policías a esas comunidades, pero que informaron que no había familias desplazadas.
«Eso es mentira, aquí a los pueblos no vino la Policía. Aquí están las casas solas y muchas de ellas con impactos de bala», aseveró.
