Por Jorge Fernández Menéndez
Criminales empoderados y vacíos de autoridad
Hoy, que se celebra un aniversario más de la Toma de la Bastilla, sería un momento propicio para imaginarnos qué hubiera sucedido si ese día, los manifestantes que dieron inicio a la Revolución Francesa, hubieran decidido mejor enviar un oficio al rey Luis XVI en el que lo invitaban a dialogar para establecer los términos de la caída de la monarquía.
El oficio que envió esta semana la secretaria de Seguridad, una casi siempre irreprochable Rosa Icela Rodríguez, a “los representantes de los pobladores de Aguililla” para dialogar con el fin “de mantener el libre tránsito y la seguridad pública”, es un sinsentido similar. Aquellos manifestantes que tomaron la Bastilla poco tenían que dialogar con una monarquía que les había propuesto comer pasteles, ya que no había pan.
Los pobladores de Aguililla no tienen de qué dialogar con las autoridades para que éstas les garanticen el libre tránsito: el mismo día en que era propuesto ese diálogo la carretera que une Aguililla con Apatzingán estaba bloqueada en varios puntos; era atacado el cuartel militar en Buenavista; había enfrentamientos entre los Cárteles Unidos y el Cártel Jalisco Nueva Generación; grupos de autodefensa, en realidad relacionados con Los Viagras y otros grupos de Cárteles Unidos, estaban tomando pueblos para supuestamente defenderse del CJNG; uno de sus líderes era secuestrado con toda su familia.
Los pobladores de distintas comunidades de la Tierra Caliente michoacana, entre ellos Aguililla, se encuentran en la disyuntiva de abandonar todo lo que tienen y huir, o de sumarse a alguno de los grupos criminales. ¿Qué tienen que dialogar con los representantes del gobierno, sea local o federal? Son las autoridades las que les deben garantizar los derechos mínimos para estar en condiciones, simplemente, de poder retomar parte de sus vidas.
Como hemos contado en otras ocasiones en este espacio, no es que no se pueda establecer un diálogo con los grupos criminales: éste existe por la vía de los hechos. A cada acción le corresponde una reacción, sea del Estado o de los grupos criminales. El problema es que hoy no existe reacción alguna ante las agresiones de las organizaciones criminales. Esta semana el cuartel en Buenavista fue agredido por los sicarios, incluso se les atacó con drones con explosivos (una mujer desertora del ejército y miembro del CJNG incluso murió cuando manipulaba ese armamento); hace unos días el cuartel de Aguililla también había sido agredido de todas las formas posibles y un grupo con excavadoras había, incluso, destruido el helipuerto improvisado, construido en la cima de un cerro aledaño al cuartel, utilizado por las fuerzas militares para reaprovisionarse, y no pasó nada.
No hay diálogo posible cuando a una acción de los criminales, no se corresponde una reacción de las fuerzas de seguridad, lo único que ocurre es que los criminales se empoderan y se sienten en condiciones de presionar y expoliar más a una población que se doblega con mayor facilidad porque no ve una reacción de fuerza de las autoridades que deberían protegerla.
Eso es lo que ocurre en la Tierra Caliente, en Michoacán, y también en Pantelhó o Chenaló, en Chiapas, no hablemos de Zacatecas, que parece un espacio del lejano oeste, sin autoridad alguna que ejerza realmente el poder.
Los grupos criminales y sobre todo el CJNG han encontrado el camino para apoderarse cada vez de mayores comunidades: entran y buscan aliarse, si es posible, con algún grupo local, si no es así los someten; ajustan cuentas con enemigos evidentes; cortan la energía eléctrica y los caminos para dejar incomunicadas las comunidades; exigen apoyo o demandan que se abandone la comunidad dejando todos sus bienes, y así logran movilizar pobladores en contra de las autoridades y sobre todo del ejército y la Guardia Nacional.
De esa forma, en Guerrero, Michoacán, Chiapas, Zacatecas, vemos cómo hay movimientos tratando de prohibir el ingreso de las autoridades en sus comunidades. Están manipuladas por los propios cárteles, aunque se autodenominen como policías comunitarias o grupos de autodefensa. Al mismo tiempo, realizan agresiones contra los militares o la Guardia Nacional (las únicas autoridades realmente presentes) que éstas no responden por una decisión política.
No entiendo cómo un cuartel puede ser atacado o una patrulla desarmada, y que no haya respuesta. Eso es lo que empodera a los criminales e intimida a la población, que se siente indefensa. Si se puede atacar un cuartel y no pasa nada, se pregunta con razón la gente ¿cómo puedo defender mis propiedades o mi vida ante las amenazas de los criminales?
¿Y LAS VÍCTIMAS?
No deja de asombrar que, en medio del clamor de algunos comunicadores y usuarios de las redes y de varias autoridades federales, reclamando la liberación de secuestradores confesos, ninguno de ellos, ni esos usuarios ni mucho menos esas autoridades, hayan hecho esfuerzo alguno por buscar y contar con el testimonio de las víctimas de los mismos, conocidas y localizadas, a cuyos victimarios se quiere ahora liberar con tanto ahínco. La ideología, la conveniencia política y la venganza son más fuertes que la justicia.
