Por José Elías Romero Apis
En los sistemas modernos cuando el César obedece la ley, se llama Estado de derecho. Cuando la desobedece, se llama tiranía. Cuando simula que la obedece, se llama dictadura. Y cuando tan sólo dice que la obedece, se llama demagogia.
A su vez, cuando los gobernados obedecen la ley, se llama legalidad. Cuando la desobedecen, se llama delincuencia. Cuando simulan que la obedecen, se llama falsedad. Y cuando tan sólo dicen que la obedecen, se llama farsa.
Ahora bien, ¿a quién se debe obedecer? ¿Al gobernante, al gobernado o a la ley? Y, por consecuencia de lo anterior, ¿a quién debemos preguntar lo que quiere, para que obedezcamos su voluntad? ¿Al gobernado, aunque sea en contra de la ley? ¿Al gobernante, aunque sea en contra del gobernado? ¿O a la ley, aunque sea en contra del gobernante?
Aclaro tres posiciones personales. Como demócrata, me gusta que la voluntad de los gobernados sea tomada en cuenta. Como político, me parece inteligente que el gobernante la tome en cuenta. Como abogado, me parece imperativo que la voluntad de la ley prevalezca sobre la del gobernante y sobre la del gobernado.
Mucho antes de la actual normatividad sobre la materia promoví, organicé y culminé varias consultas populares nacionales, algunas de la mayor trascendencia que se registran. Pero nunca consideré que ellas pudieran suplir ni mucho menos sustituir al mandato de la ley.
Porque una consulta popular sólo puede aplicarse a resolver tres cuestiones. Lo que la ley omite. Lo que en la ley debe reformarse. Lo que la ley expresamente ordena que se consulte. Y la consulta que se realizará en agosto no se inserta en ninguna de esas hipótesis.
La ley dice que todos los que delinquen deben enfrentar las consecuencias de su conducta. Lo mismo sean los presidentes que se roben tesoros que los sirvientes que se roben jabones. No hay consulta ciudadana ni fiscal de justicia ni tribunal de sentencia que les puedan perdonar su fechoría ni, por el contrario, que les puedan castigar su inocencia.
Luego, entonces, si la voluntad popular, aunque fuera mayoritaria, es inútil para contradecir a la ley, no tiene caso preguntar al gobernado. Una consulta nunca debe llevar a que decidamos lo imposible, ni lo ilegal ni lo inservible ni lo inaceptable.
Otra de sus muchas pifias es que la pregunta es incontinente. Admite más respuestas de las que contiene la pregunta. Los abogados clásicos la llamaban pregunta de “varias colas”. Por ejemplo, si en una misma pregunta interrogamos al lector de este artículo si sabe leer, si es amigo del autor y si ayer cenaron juntos en París. Resulta que todos saben leer, que ninguno cenó conmigo en París y que algunos son mis amigos, así como otros ni me conocen. Esa pregunta de 3 colas no admite un simple sí o un simple no.
Pues bien, la pregunta de las boletas de agosto es de 8 colas que no se pueden satisfacer con una sola afirmativa ni con una sola negativa. Cualquier respuesta resultaría incoherente y no podemos preguntar a los votantes a cuál de las 8 colas se refirió su respuesta. Ningún jurista ni politólogo la explicaría fácilmente.
En fin, como casi todos los seres modernos y civilizados, me gusta la democracia y me gusta la justicia. Pero, como casi todos los seres sensatos, reconozco que ambas pueden existir sin la otra. Democracia sin justicia puede ser el linchamiento. Es democrático, pero es injusto. Justicia sin democracia puede ser la sentencia. Es justa, pero no es democrática.
Hace 50 años, mi padre me recomendó que, como abogado siempre le preguntara a la ley y, como político, siempre le preguntara al pueblo. Pero que a cada uno le hiciera la pregunta correcta. Así lo hice y me fue bien. Hace 20 años lo mismo les aconsejé a mis hijos y les ha ido bien.
Según el caso, preguntemos a la ley, al jefe, al pueblo, a los hijos, a la pareja, a los amigos y, a veces, hasta a los desconocidos. Pero, a cada quién tan sólo lo que le debemos preguntar.
Preguntemos al César lo que quiere el César y preguntemos a la ley lo que ordena la ley.
