Por Jorge Fernández Menéndez
Instituciones débiles, criminales empoderados
No creo que haya un tema más delicado para el gobierno federal en la agenda cotidiana que la inseguridad que castiga a buena parte del país, sobre todo a ese 35 por ciento del territorio nacional que, según el jefe del Comando Norte de Estados Unidos, el general VanHerck, no está bajo control del Estado mexicano.
La estrategia de seguridad propuesta por el gobierno federal es en realidad una no estrategia, es una suma de buenos propósitos que pueden servir para muchas cosas, pero que en la práctica lo único que han logrado es que los grupos criminales sean hoy más numerosos, más violentos, más impunes y se sientan cada día más empoderados porque sienten que no tendrán respuesta del Estado mexicano.
El problema, hay que insistir en ello, no es que la Guardia Nacional se termine inscribiendo dentro de la Secretaría de la Defensa o no, eso depende de la arquitectura institucional que se le quiera dar a esa dependencia que no es más que un instrumento, no un fin en sí mismo. Y como todo instrumento, más allá de su calidad, sus resultados dependerán de cómo y quiénes los usen.
Y la Guardia Nacional es un buen instrumento que, como es utilizado hoy, termina siendo ineficaz y se le provoca un enorme desgaste, a la institución y sus elementos, que no tiene sentido asumir. No se puede comprender, por ejemplo, que se pretenda que la Guardia Nacional se encargue de vigilar a los distribuidores de cilindros de gas casero, en la empresa que, otra insensatez, planea crear el gobierno, como se anunció.
No tiene sentido que un grupo de criminales que se presenta como autodefensas pueda abordar a elementos de la GN con toda impunidad, robar sus armas y equipos e impedirle a sus elementos que den respuesta. Lo mismo sucede con marinos y soldados en muchas zonas del país, donde vemos, como ocurre en Tierra Caliente en Michoacán, que son atacados cuarteles hasta con drones con explosivos o se destruyen helipuertos militares, con toda impunidad. No se trata de reprimir, sino de utilizar la legítima fuerza del Estado contra quienes lo vulneran y expolian a la población.
No hay estrategia de seguridad porque distribuir apoyos sociales, que ahora el Presidente está comprobando que tampoco llegan adecuadamente, nunca ha sido una salida para garantizar la seguridad de una sociedad. Las políticas de seguridad deben ser integrales y no pueden rendirse a los vaivenes ideológicos o los caprichos coyunturales de una administración.
Un ejemplo, la semana pasada el presidente López Obrador se reunió con los 16 gobernadores en funciones y electos de Morena. Está en todo su derecho de hacerlo y, sobre todo, de demandarles que se esfuercen y asuman tareas comunes en el ámbito de la seguridad. Pero ni se establecieron esos criterios comunes ni hubo instrucciones claras en ese sentido ni tampoco, al excluir a la otra mitad de los gobernadores del país, los que no son de su partido, hay estrategia integral, común, posible. Es la más cabal demostración de cómo las decisiones políticas impiden una operación coordinada mínima de seguridad.
No tendremos una estrategia de seguridad real hasta que no se decida, por ley, crear un sistema policial nacional que garantice contar en todos los estados del país con fuerzas policiales capacitadas, homologadas, con elementos y presupuesto necesario para garantizar la seguridad cotidiana en todas las entidades. Si existiera esa estructura y sobre ella se pudiera montar la Guardia Nacional, los resultados serían completamente diferentes.
Pero llevamos ya por lo menos tres o cuatro sexenios insistiendo en ello y no se puede establecer una norma legal y un paquete presupuestal que lo garantice porque políticamente no interesa, ni al gobierno federal ni a los estatales. Se habla mucho de seguridad, pero, como porcentaje del PIB, invertimos en seguridad menos que la cuarta parte que invierte un país como Colombia, que logró revertir la gravísima situación de seguridad que vivió dos décadas atrás, construyendo una eficiente policía nacional, pero también reforzando todas las estructuras locales y golpeando a todos los grupos criminales, haciendo uso de la legítima fuerza del Estado.
Todas las historias de éxito (incluso las nuestras, que las hay aunque se les suela ignorar) en la lucha contra los grupos criminales han recurrido a la fuerza del Estado para doblegarlos. Todo lo demás puede ser útil y necesario, pero sin ella simplemente no se puede romper a grupos construidos precisamente para vulnerar al Estado y la sociedad.
Un modelo global, realmente coordinado, con una estructura policial que abarque todo el país, que obligue por ley a su homologación operativa y presupuestal, independientemente de las vicisitudes políticas, y sobre la que pueda montarse una Guardia Nacional altamente especializada y que se encargue de desmontar y neutralizar a los grupos criminales y sus líderes, son los principios sobre los que se puede y debe construir cualquier estrategia de seguridad sensata.
Debemos empoderar a las instituciones civiles y militares que intervienen en la seguridad pública e interior, porque hoy los únicos empoderados son los criminales.
