CIUDAD DE MÉXICO.-El INE exhortó a los gobiernos estatales a garantizar recursos para los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples) que están en situación crítica por recortes a su presupuesto, en especial en Aguascalientes y Michoacán.
Al presentar el informe sobre la situación financiera de los Oples, el Instituto Nacional Electoral (INE) reportó que de 29 organismos que tuvieron recorte de gasto, 15 están en condiciones delicadas.
El ajuste a los Oples alcanzó los 3 mil 300 millones de pesos, y solo se les asignaron casi 11 mil 700 millones de pesos para 2021.
Los Oples de Aguascalientes y Michoacán se reportan en «riesgo considerable», mientras que los órganos de Sonora, Chihuahua, Zacatecas, Tamaulipas, Nuevo León, Ciudad de México, Tlaxcala, Quintana Roo, Oaxaca, Morelos, Colima, Nayarit, Sinaloa y Jalisco están en «riesgo moderado».
Durante la sesión, el consejero Roberto Ruiz destacó la crisis financiera del Ople de Aguascalientes, estado que elegirá Gobernador en 2022.
«Un llamado respetuoso y enérgico al Gobernador de Aguascalientes para que dé las condiciones al organismo público para que pueda hacer su trabajo. Es obligación de las autoridades acompañar al Ople», dijo.
El consejero Ciro Murayama indicó que la escasez presupuestal de los Oples compromete el ejercicio de los derechos político electorales de la ciudadanía.
«Puede hablarse de ahorro de dinero que no va a un proceso electoral, pero esos ahorros salen caros con consecuencias para la vida económica y social», manifestó.
El consejero Jaime Rivera advirtió que se está poniendo en riesgo la operación del Ople en Michoacán, porque se gastaron los recursos del segundo semestre con el fin de sacar adelante la elección de este año.
«El modelo electoral obliga al Ejecutivo y al Legislativo de los estados a dotar los recursos, no es optativo, es en cumplimiento de obligaciones», resaltó.
La consejera Dania Ravel conminó a hacer los ajustes necesarios y evitar que la austeridad afecte los procesos electorales.
La consejera Claudia Zavala llamó a que los legisladores realicen tal gestión con las autoridades locales, a fin de garantizar que ningún organismo enfrente limitaciones presupuestales.
