Por Vianey Esquinca
La derrota del Presidente
Es altamente probable que el día de hoy el Presidente sufra una nueva derrota: el desaire de la ciudadanía a la consulta que él planeó, promovió y aprovechó. Por supuesto, como suele ser su estilo y poniéndose el huarache antes de la espina, ya decidió culpabilizar al Instituto Nacional Electoral de su fracaso, a pesar de que este órgano gastó más de 500 millones de pesos en su organización, difundió en 16 días de campaña 377,833 spots de radio y televisión, colocó 5,295 anuncios en bardas, carteles, espectaculares, lonas, etcétera, entre otras acciones y todo para tratar de revivir una consulta que nació muerta.
La consulta popular, el plebiscito y cualquier alternativa para preguntarle a la gente su opinión sobre decisiones de gobierno, ha sido una vieja demanda de la sociedad civil organizada, una lucha de miles de personas. Sin embargo, lo que pudo ser un hecho histórico para la democracia del país se convirtió en un circo demagógico.
El Presidente, su partido Morena y los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara, Yazmín Esquivel Mossa, José Fernando Franco González, Jorge Pardo Rebolledo, Margarita Ríos-Farjat, Alberto Pérez Dayán y por supuesto Arturo Zaldívar, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, prostituyeron este ejercicio y traicionaron a la democracia. La SCJN no tuvo los arrestos para declarar inconstitucional la pregunta del Presidente y prefirieron disfrazarla con tal de no tener más problemas con el Ejecutivo. Los derechos o la ley no se consultan y la pregunta que decidieron aprobar, deja un peligroso precedente para el país.
Mucha gente decidirá no ir a votar porque la pregunta aprobada es un verdadero galimatías, un despropósito y una burla a la ley: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”. ¿Qué demonios es eso?
Y lo peor es que en el remotísimo caso de que 37 millones 439 mil 23 de mexicanos salgan a votar y conviertan la pregunta en vinculante, no hay una ruta para definir lo que pasaría después.
¿Quién será la autoridad que explique cuáles son las acciones pertinentes que se tendrían que llevar a cabo con apego al marco constitucional y legal? ¿Qué son acciones pertinentes?, ¿una investigación, una multa, la exigencia de una disculpa pública?
¿Cuáles son las acciones de los años pasados que deberían tomarse en cuenta?, ¿empezarán desde la Colonia, la Independencia, la Reforma o la Revolución? ¿Quién decidirá hasta qué siglo, año o administración se tiene que investigar? No han podido procesar a Emilio Lozoya o esclarecer la muerte de los normalistas de Ayotzinapa, y quieren investigar otros sexenios. ¡Por Dios!
Por mucho que los morenistas estén tratando de engañar a la gente señalando que la respuesta se refiere a Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto esto, sencillamente, es una mentira.
Además, ¿cómo se va a garantizar la justicia y los derechos de las víctimas? Si llega alguien que se considera víctima del despojo que sus antepasados sufrieron por revolucionarios, ¿se le hará justicia? Si no han podido resarcir los derechos de las víctimas del desabasto de medicinas o de los miles de desaparecidos por la inseguridad, ¿cómo le harán con el pasado?
Por eso el Presidente tendrá que vivir con que la gente ya no le compra tan fácilmente sus ocurrencias y que el único culpable del fracaso de la consulta será él.
