El Gobierno federal inició una investigación contra el Fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa, al rastrear sus transacciones bancarias y las de su círculo cercano, de acuerdo con la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Derivado de la investigación, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ya procedió al congelamiento de cuentas de un empresario supuestamente vinculado con el Fiscal, quien gestionó al Estado cuando se convirtió en el más violento del País por la disputa entre cárteles de la droga.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha criticado reiteradamente la actuación de Zamarripa, quien tiene 12 años en el cargo, por lo que le ha solicitado al Gobernador Diego Sinhué Rodríguez que lo destituya por malos resultados en combate a la delincuencia.
«Guanajuato es de los estados con más violencia y desde hace ya bastante tiempo y no es posible que no haya ninguna mejora sobre todo en el caso de homicidios y lleve 12 años el procurador de Guanajuato. No es posible. Si fuese gerente de una empresa, con esos resultados, ya lo hubiesen corrido», dijo López Obrador el pasado 16 de julio.
«De manera abierta y respetuosa he estado señalando esto de Guanajuato porque no me puedo quedar callado, sería complicidad», reiteró el 26 de julio, al insistir en la necesidad de remover al fiscal de aquella Entidad.
A la par de los exhortos presidenciales, la Federación inició el expediente al cual tuvo acceso MCCI, en el cual aparece una revisión detallada de los ingresos que el Fiscal obtuvo a partir del año 2012, así como sus gastos tanto en el País, como en el extranjero.
Al no encontrarse inconsistencias relevantes, la investigación se amplió a su círculo cercano, incluida la esposa que se desempeña como juez en el Poder Judicial del Estado, así como empresarios que se presume han colaborado con Zamarripa como posibles operadores financieros.
La investigación incluyó a Luis Ernesto Ayala Torres, quien hasta marzo del presente año se desempeñaba como Secretario del Gobierno de Guanajuato.
Uno de los elementos que llevaron a investigar a Ayala Torres fue la venta que realizó de su empresa familiar, «Botas San Diego», al empresario Francisco Isidro González Espejel, quien -según la información de inteligencia registrada en el expediente- podría tener vínculos con el Fiscal guanajuatense.
Las autoridades federales recopilaron información de esa transacción comercial, así como de otras empresas en las que ha tenido participación González Espejel como accionista o representante legal a partir del año 2014.
En una comercializadora del empresario, los analistas de la UIF detectaron la dispersión de fondos a «operadores pitufos», es decir, múltiples transacciones en montos pequeños, lo cual -en consideración de la autoridad- es un indicio de posible lavado de dinero o evasión fiscal.
En la tipología de lavado de dinero de la UIF, los «pitufos» materializan operaciones en efectivo, en beneficio de un tercero o terceros de forma fraccionada en diversas operaciones para, posteriormente concentrar los recursos.
Este fue uno de los argumentos de la UIF para solicitar el congelamiento de cuentas bancarias del empresario, quien promovió un juicio de amparo por considerar injusta la intervención de las autoridades.
Sobre este amparo contra la UIF se abrió el expediente 245/2020 ante el juzgado séptimo de distrito en Guanajuato.
