Por Pascal Beltrán del Río
México vs. Barrett et al.
En su batalla legal contra 11 fabricantes y distribuidores de armas estadunidenses –información adelantada por Excélsior y hecha pública ayer por la Secretaría de Relaciones Exteriores–, el gobierno mexicano deberá encontrar agujeros en un escudo contra demandas instaurado por el Congreso de ese país hace casi 16 años para proteger a dicha industria.
Promovida por el entonces senador Larry Craig, republicano por Idaho, la Ley de Protección al Comercio Legal de Armas prohíbe litigios contra fabricantes, distribuidores, vendedores e importadores de armas de fuego y municiones que resulten del mal uso de sus productos.
Antes de la promulgación de la ley en octubre de 2005, los armeros eran blanco de incontables demandas. Una de las más conocidas fue presentada en 1998 por el alcalde de Chicago, Richard M. Daley, quien reclamó que los fabricantes de armas querían “un trato de negocio sin responsabilidad hacia los ciudadanos” y exigió reparaciones por 433 millones de dólares.
Aunque los jueces desecharon esa y muchas otras demandas, los litigios comenzaron a costar mucho dinero en cuotas legales. En 2000, la empresa Smith & Wesson decidió negociar con el gobierno del presidente Bill Clinton para llegar a un acuerdo con los demandantes a cambio de poner en práctica medidas de seguridad, como imprimir en las armas un segundo registro, oculto, para que los delincuentes no pudieran evitar su rastreo.
Sin embargo, la legislación impulsada por Craig prácticamente puso a salvo a los armeros. En el acto en el que fue firmada por el presidente George W. Bush, el representante de la poderosa Asociación Nacional del Rifle, Wayne LaPierre, la llamó “la ley pro armas más poderosa que se haya aprobado en los últimos 20 años”.
En efecto, ha sido tan eficaz que el presidente Joe Biden se quejó, durante su campaña electoral, de que la industria de las armas –que en 2020 tuvo un impacto económico de 63 mil millones de dólares– “es la única en Estados Unidos que está exenta de demandas”.
Si bien eso no es totalmente cierto –en un caso reciente, la Suprema Corte permitió que avance una demanda contra Remington por parte de los familiares de los niños asesinados en la masacre de Sandy Hook–, las dificultades del camino legal emprendido por el gobierno mexicano son evidentes.
Desde que entró en vigor la ley, muchas acciones legales han sido desechadas, igual que diversas controversias sobre su constitucionalidad.
En la campaña presidencial de 2016, el precandidato demócrata Bernie Sanders, conocido por sus posiciones socialistas, incluso la defendió diciendo que un arma era igual que un martillo, en el sentido de que si se usaba cualquiera de las dos cosas para matar a alguien, el fabricante no debía ser responsabilizado por el hecho.
La posibilidad de éxito que pudiera tener el gobierno mexicano en este litigio se encuentra en un antecedente en el estado de Wisconsin, una de las poquísimas excepciones de falibilidad de la ley que se pueden encontrar.
En 2009, dos policías de Milwaukee, Bryan Norberg y Brian Kunisch, trataban de detener a un individuo cuando éste les disparó con una pistola que había adquirido otra persona en una armería llamada Badger Guns. Las lesiones que sufrieron ambos oficiales los dejaron incapacitados de por vida.
En 2015, Norberg y Kunisch demandaron a la tienda, alegando que el dueño y sus empleados fueron negligentes al vender el arma y por tolerar durante años ventas con prestanombres.
“Sí, un criminal jaló del gatillo, pero se necesitaba un gatillo y ese gatillo lo proveyó Badger Guns”, argumentó la defensa de los policías. El comprador del arma, Jacob Collins, la había adquirido en nombre de Julius Burton, quien no tenía la edad legal para poseerla y quien fue el que disparó. El jurado, que consideró que la venta del arma fue negligente, ordenó una reparación de 6 millones de dólares.
Un camino legal semejante es el que intentará recorrer el gobierno mexicano en su litigio contra los fabricantes, entre los que está Barrett Firearms Manufacturing, cuyo letal calibre .50 está entre las armas favoritas de los cárteles mexicanos. Será interesante ver el desenlace.
