Por Raymundo Riva Palacio
No contamos con el Presidente
El narcotráfico tocó la puerta de los medios de comunicación en la Ciudad de México, por años resguardados por una burbuja porque sabían que cualquier intento de atacarlos tendría consecuencias negativas para las organizaciones criminales, al enfrentar a más de 130 mil policías locales y federales y más de un centenar de policías privados, además de soldados y marinos que aquí tienen sus principales bases. El blindaje fue horadado este lunes con la amenaza del cártel más violento, directa contra Azucena Uresti, la más importante conductora de Milenio Televisión, a Milenio mismo, a El Universal y a Televisa.
La amenaza vino en el mismo formato como se envían mensajes los criminales, mediante un video para intimidar e inhibir la cobertura que las organizaciones periodísticas sobre el conflicto en la Tierra Caliente michoacana. En una carta abierta titulada En defensa de la libertad de expresión, un grupo importante de medios, varios de ellos de gran penetración e influencia en el país, señalaron:
“Los grupos que lanzan esta amenaza saben que pueden hacerlo por la impunidad que gozan quienes durante años han intimidado a periodistas y medios de comunicación sin que ninguna autoridad, pasada o presente, los haya frenado o sancionado. En muchas regiones del país, acciones como ésta han sido preámbulo para más ataques o amenazas contra periodistas, convirtiéndolas en virtuales zonas de silencio”.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ni siquiera volteó a verlos. El martes se refirió únicamente a las amenazas contra Uresti, reduciendo la intimidación en ella, ignorando a los equipos de televisión y reporteros de Milenio que son parte de los señalamientos criminales, así como de sus colegas de El Universal y Televisa, quienes también fueron identificados como blanco. Pero ni así fue afortunada la posición del Presidente.
Se ‘solidarizó’ con la periodista, como si, como cabeza del Estado mexicano, no tuviera una responsabilidad más allá que un gesto empático. Sí admitió que era responsabilidad del gobierno velar por la seguridad de ella y de los mexicanos, pero no formuló condena –usó la palabra reprobar– alguna ante la afrenta, ni hizo un pronunciamiento que apuntara hacia una investigación sobre cómo, cuándo y dónde se realizó la videoamenaza, y llegar a sus responsables.
Nada nuevo en la postura del Presidente. El gobierno no va a defender a periodistas ni medios de comunicación –como tampoco lo ha hecho con la ciudadanía– porque son sus enemigos. No lo son, como lo ha demostrado con hechos, los cárteles de la droga. Si es por diseño, estrategia, miedo, interés, casualidad o causalidad, es la realidad. Los narcotraficantes le merecen todo el respeto al Presidente; a periodistas y medios los clasifica como adversarios y diariamente los ataca, hostiga e intimida.
En este clima de hostilidad contra los medios, de ataques sistemáticos por parte del Presidente, permanentemente alimentado en sus odios por sus cercanos, ¿qué podemos esperar? Las amenazas de las organizaciones criminales contra periodistas y medios en la Ciudad de México son consecuencia natural de la falta de combate a los delincuentes, aunque en esta ocasión se cruzaron con lo que lleva algunas semanas construyendo su gobierno: un acuerdo de pacificación con los cárteles de la droga. En la Tierra Caliente michoacana, donde surgieron estas amenazas, funcionarios del gobierno han estado tratando de que se sienten a la mesa dos cárteles antagónicos, junto con autodefensas, para alcanzar la paz.
Estos intentos les dan una interlocución a los cárteles de la droga, como en otros momentos les han dado algunos gobiernos a movimientos armados, aunque hay una diferencia sustancial. Los movimientos armados pelean por una causa y un cambio político; los cárteles matan, intimidan, compran o amenazan, para cuidar y expandir su negocio. Ningún gobierno concede beligerancia a una organización criminal. López Obrador es diferente.
No es nuevo que este gobierno busque pactar la paz con los cárteles de la droga. El defenestrado subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, estableció los primeros puentes entre las organizaciones criminales y Palacio Nacional, al hablar con autorización del Presidente con organizaciones tamaulipecas vinculadas al Cártel del Golfo, y con otras michoacanas vinculadas al Cártel del Pacífico. La mesa de negociación en Tierra Caliente que se está trabajando es un nuevo estadio en esta peculiar relación con la delincuencia organizada.
López Obrador, que ha dicho a los suyos que ésa es la ruta para que se acabe la violencia, está equivocado. Ninguna negociación con el gobierno que signifique sólo abrazos sin balazos, llevará a la pacificación, porque carece de incentivos para sus propósitos. Su idea de administrar el narcotráfico está equivocada desde el mismo diagnóstico de lo que significa ese negocio criminal. Pero al mismo tiempo, la apertura hacia los delincuentes ha ido acompañada de un ataque sistemático contra periodistas y medios, que genera la percepción entre los criminales de que comparten enemigos, y un ataque contra el gremio será favorecido con la impunidad, construyendo las condiciones para estas amenazas.
López Obrador ha sido el arquitecto de la impunidad criminal, al no perseguir ni contener a los cárteles de las drogas y sus sicarios, que han provocado que en su sexenio 43 periodistas hayan sido asesinados, de acuerdo con las cifras de la Secretaría de Gobernación, que han convertido a México en el país más peligroso para la prensa, donde la delincuencia organizada y el gobierno piensan lo mismo de medios y periodistas: son un estorbo.
