Por primera vez, un juzgado federal admitió a trámite una demanda de amparo contra una red social, equiparándola por tanto con una autoridad de gobierno que puede violar derechos humanos.
El Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa admitió el 13 de agosto una demanda de Carlos Escobedo contra Facebook, quien impugna la restricción para publicar una fotografía en su filial Instagram.
Escobedo alega violaciones de Facebook a cuatro artículos de la Constitución, entre ellos los que garantizan la libre expresión, la no discriminación, y los que obligan a las autoridades a fundar y motivar legalmente sus actos.
Si bien admitió el amparo y ordenó a Facebook rendir un informe justificado, el Juzgado negó conceder una suspensión para publicar la foto, pues precisamente para resolver ese punto es que se va a tramitar el juicio, el cual puede llevar mas de un año.
Los abogados de Facebook pueden impugnar la admisión del amparo mediante recurso de queja, que inicialmente tocaría resolver a un tribunal colegiado de circuito, pero que por lo novedoso del asunto, podría ser atraído por la Suprema Corte de Justicia, para aclarar si las redes sociales pueden ser llevadas a este tipo de juicios.
El Juzgado Décimo está a cargo de un secretario en funciones de Juez, quien no publicó detalles del acuerdo en el que admitió a trámite el amparo.
La normalización de los amparos contra las redes sociales las pondría en la situación de autoridades, que pueden ser acusadas penalmente por no respetar suspensiones dictadas por los jueces, y que en caso de desacato a una sentencia de fondo, pueden ser destituidas de sus cargos por la Suprema Corte y consignadas por un delito federal.
La Ley de Amparo de 2013 permite considerar como autoridades responsables a «particulares que realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general».
Todas las reglas de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2014 en materia de neutralidad de las redes, libre elección, no discriminación y gestión de tráfico, están dirigidas a concesionarios que prestan servicios de acceso a internet, no a redes sociales como Facebook, que es la dueña de Instagram desde 2012.
