Por Vianey Esquinca
Con palitos y con bolitas
¿Quién en su sano juicio no quiere justicia?
Imagine, amable lector/lectora, que es víctima de un lamentable robo en su casa. Unos sujetos, que además usted conoce, se meten a la mala y se llevan todo lo que encuentran. Ante el delito, va con su presidente municipal y exige que se castigue a estos personajes. El gobernante le dice: “Muy bien. Voy a preguntarle al pueblo si quiere que llevemos ante la justicia a los acusados”. Por supuesto, seguramente usted se opone a que la gente sea quien opine si se debe castigar a quien le robó sus bienes.
Ante la discrepancia, el presidente municipal decide llevar al caso con el cura del pueblo, quien tiene fama de honesto y sabio y además tiene la última palabra, porque quien no la cumple se condena al infierno. El párroco sabe que la idea del presidente municipal es malísima, pero, acá entre nos, le tiene miedo al mandatario porque sabe que es muy atravesado y vengativo.
Entonces, tratando de quedar bien con dios y con el diablo, decide darle por su lado al gobernante, aceptando que se haga la consulta, pero cambia la pregunta: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones, con apego a la ley, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones que tomaron ciertos personajes en hechos pasados, encaminados a garantizar la justicia de la víctima?”.
El presidente municipal entonces regresa con usted y le dice: “pues mira, el padre ya aprobó que consultemos al pueblo, pero como tú eres el que quieres la justicia, te toca pagar la consulta y son varios millones de pesos”.
Todo esto parecería una broma de mal gusto, pero, increíblemente, no lo es. Fue lo que sucedió el viernes pasado cuando seis ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidieron avalar la consulta del presidente Andrés Manuel López Obrador para preguntarle al pueblo si debería o no llevar a juicio a los expresidentes. En un intento de no verse tan mal, cambiaron la pregunta haciéndola tan general, abierta y ambigua que lo único que quedó claro es que a la SCJN le hace falta un redactor y corrector de estilo.
Si el Presidente tiene pruebas contra los expresidentes no debería consultar nada, debería llevar la evidencia ante la Fiscalía General de la República para que ésta proceda contra quien resulte responsable. Utilizar al poder judicial para armar un espectáculo es inmoral.
Encima de todo, cumplirle el capricho al mandatario costará, de acuerdo con el consejero electoral, Uuc-Kib Espadas, alrededor ocho mil millones de pesos. Dinero que saldrá de las arcas públicas, es decir, del pueblo. Los recursos que pudieran servir para cosas fundamentales serán destinados a responder una pregunta cuya respuesta es previsible porque ¿quién en su sano juicio no quiere justicia?
Pero, entonces, ¿por qué el Ejecutivo es tan egoísta en gastar ese dinero en una pregunta tan absurda? La respuesta la dio él mismo en su conferencia del viernes. Cuando le preguntaron por la decisión de la SCJN de avalar la consulta, pero con una pregunta distinta dijo: “se cambió la pregunta, es otra, pero ya se va a ir descifrando porque es un poco genérica”, lo que significa que habrá muchas semanas por delante en las que “explicar” la pregunta sólo será el pretexto para seguir llevando agua a su molino y alargar el debate hasta el próximo año que son las elecciones.
El pueblo bueno se dio cuenta de la patraña que fue la rifa del avión presidencial y por eso le hicieron el vacío a López Obrador. Ese pueblo también debe darse cuenta que la justicia no se consulta, como lo dijo el ministro Javier Laynez, sólo se aplica. Cualquier otra cosa es un distractor para que la gente no vea lo que realmente está sucediendo en el país.
