La Secretaría de Gobernación (Segob) emitió un acuerdo por el que se establece la integración de un Comité de carácter permanente a fin de supervisar las solicitudes de preliberación de personas sentenciadas, en prisión preventiva sin sentencia y aquellas que hayan sido víctimas de tortura.
De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el Comité estará integrado por servidores públicos adscritos a Gobernación y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social.
Esto “hacer del conocimiento a los órganos de procuración de justicia y defensorías públicas competentes, la información que las autoridades penitenciarias recaben, así como solicitar su actuación”, se lee en el documento.PUBLICIDAD
El Comité deberá emitir sus reglas de operación, por lo que deberá promover los mecanismos de colaboración necesarios para que las autoridades competentes, y en el ámbito de sus atribuciones, lleven a cabo las acciones establecidas
En tanto, la dependencia de Gobierno también analizará la información contenida en las bases de datos de personas privadas de la libertad, que sean adultas mayores y que cuenten con sentencia ejecutoriada, a fin de verificar si cumplen con los requisitos para obtener su preliberación por criterios de política penitenciaria.
Además identificar aquellos casos en los que existan personas que hayan sido víctimas de tortura,acreditada por el Protocolo de Estambul. Asimismo, identificar los casos de personas en prisión preventiva que excedan el plazo establecido para efectos de solicitar su libertad.
Identificar a las personas adultas mayores de setenta años, que se encuentren en prisión preventiva, con la finalidad de gestionar ante las autoridades la solicitud de preliberación.
En julio, El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que firmará un decreto presidencial de política carcelaria que busca la liberación de presos que hayan sido torturados, adultos mayores de 75 años privados de la libertad y quienes padezcan enfermedades crónicas y sean mayores de 65 años.
