Por José Buendía Hegewisch
La huida de Anaya y el maxiproceso de reforma energética
La huida de Ricardo Anaya ante la acusación de la FGR de participar en una trama delictiva contra el patrimonio petrolero del país —casi equivalente a traición a la patria— hizo que no pocos le recordaran lo que decía Nelson Mandela en su biografía: “En mi país, primero vas a la cárcel para convertirte en presidente”. Pero ésta no es la ruta que escogió el panista, sino evadir las rejas, litigar su defensa en medios y posicionarse como perseguido político de López Obrador, para subir sus bonos dentro de su partido por la candidatura presidencial.
Su estrategia es el reflejo de las deformaciones de la justicia por el manejo político del combate a la corrupción y la persecución de delitos de anteriores gobiernos, sin apenas generar acciones judiciales contra ellos. En el descrédito de la FGR justifica su salida por falta de garantías judiciales y la apertura selectiva de procesos a opositores, como también denunció el bloque opositor en la OEA. La intención de Anaya de presentarse como víctima para evadir el Ministerio Público —como le reclama López Obrador— cabe en la lógica de esas torceduras que el mismo gobierno ha propiciado al juzgar imputados en la arena pública, sin necesidad de llegar a los tribunales.
La ruta de capitalizar esas perversiones es coherente con su objetivo, pero lo que es más difícil de entender es el enganche del Presidente y su decisión de posicionarlo en el lugar estelar de la mañanera, con casi una hora en el horario de más rating. Si el alcance del caso pudiera estimarse por la atención presidencial, entonces habría que pensar en una jugada política de mayor envergadura, como un juicio de la reforma energética de Peña Nieto con un maxiproceso cuando se desvanecen sus promesas anticorrupción y de rescatar a Pemex. La justicia, otra vez, al servicio de la política.
En efecto, los cargos por corrupción contra Anaya podrían alcanzar a otros exlegisladores de varios partidos, también acusados de recibir sobornos para votar la reforma energética de 2014, además del exsenador Jorge Luis Lavalle, ya encarcelado. El gobierno necesita recuperar la agenda anticorrupción, tras la consulta de juicio a los expresidentes, sin contar con rutas jurídicas ni expedientes sólidos, más allá de declaraciones de testigos protegidos, como el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, en casos como Odebrecht.
Para cercanos compañeros de viaje de López Obrador desde la oposición, el desafuero y la amenaza de cárcel, la persecución de Anaya es un “error táctico”. Por su trayectoria y experiencia, saben que le abren camino como víctima del sistema de justicia. También es difícil creer que su enganche se deba a una calentura por responsabilizarlo de persecución política. Una acusación que hasta su partido recibe con recelo y con mucha mayor distancia que en 2018, cuando el PAN lo defendió de la acusación de lavado de dinero del gobierno de Peña Nieto en la campaña presidencial.
Por eso, la luz verde para que la FGR relanzara su expediente parece corresponder a una jugada política a varias bandas que, por un lado, prepare el terreno para soportar la narrativa de la crisis financiera de Pemex en las consecuencias de la entrega del petróleo a los extranjeros con la reforma energética y, por el otro, incidir en la pugna en el PAN por el control de la candidatura presidencial. El reposicionamiento mediático gracias al reflector presidencial cala en la confrontación en la cúpula panista, donde cada vez es mayor el rechazo a las aspiraciones de Anaya en la medida, también, del regreso de Margarita Zavala.
En cualquier caso, la jugada pone en un brete a la oposición que, si lo abandona, deja el camino despejado para que sea la cabeza de playa del juicio a las reformas del pasado. No obstante que en 2018 las acusaciones en su contra salieron de las filas panistas, aunque fue el gobierno priista de Peña Nieto el que procedió en el MP. Si una cosa dejan claro todos estos dilemas, es que los pactos políticos con la justicia y el uso de las fiscalías no sirven contra la corrupción, sino para abrir nuevas rutas de escape a la impunidad. Anaya los conoce porque él mismo denunció un pacto así entre López Obrador y Peña Nieto en 2018, y ahora se ha quedado solo frente a ellos.
