CIUDAD DE MÉXICO.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, solicitó al Senado de la República reformar la ley para que los recursos de las cuentas bancarias que estén «congeladas» o bloqueadas por ser utilizadas para el lavado de dinero, se destinen al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado o a la Tesorería de la Federación, a fin de que se canalicen a programas de educación, salud, vivienda o a los que el gobierno federal determine.
Durante su participación en la reunión plenaria del grupo parlamentario de Morena en el Senado, Nieto Castillo subrayó que la corrupción genera concentración de la riqueza y, por tanto, mayores desigualdades sociales, sobre todo en un país con 60 millones de pobres como México.
El funcionario puntualizó que es necesario fortalecer las facultades de las instituciones de gobierno para combatir el lavado de dinero; ya entrado en materia preguntó a los senadores cuánto podría gastar al mes una persona con una tarjeta de crédito.
«El sobrino de la esposa de una persona relevante en el sexenio anterior (…) tenía gastos muy importantes en su tarjeta American Express. (…) Este joven sobrino de una persona relevante en el sexenio anterior tenía gastado en dos años 70 millones de pesos y encontramos otro caso de una esposa que tenía más de 100 millones pagados en una tarjeta». El funcionario advirtió a los senadores que es necesario aprobar la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito a fin de tener un mejor sistema para el congelamiento de cuentas y cumplir con los estándares internacionales Santiago Nieto informó que hasta hoy hay 6 mil 558 personas con cuentas bloqueadas y recordó que en 2020 hubo un incremento masivo de bloqueos, porque se intervinieron cuentas bancarias de los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG), Unión Tepito, de Tláhuac y del Pacífico. Detalló que los montos congelados hasta ahora son de 6 mil 500 millones de pesos, mil millones de ellos del CJNG, y 339 millones de dólares.
El titular de la UIF subrayó que esos cuantiosos recursos podrían ser canalizados para apoyar los programas sociales. «Ese dinero que se encuentra congelado y, sobre todo, el dinero que no es reclamando por nadie ni por juicio de amparo ni por garantía de audiencia, que llega a ser mayor a mil millones de pesos pudiera ser a partir de una reforma normativa destinado al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado o ser destinado, se me ocurre o, plantearía, a la Tesorería de la Federación, para que se determine que vaya a salud, que vaya a educación, a vivienda, a lo que sea determinado por parte de las autoridades hacendarias, la Cámara de Diputados, al aprobar el presupuesto y, por supuesto, el Congreso de la Unión, al aprobar la Ley de Ingresos».
