Miguel Ángel Osorio Chong, ex Secretario de Gobernación, aseguró que no tuvo conocimiento sobre el desvío de 65.1 millones de dólares, presuntamente realizado por Frida Martínez Zamora, ex Secretaria General de la Policía Federal.
En entrevista, el coordinador del PRI en el Senado, consideró que cada funcionario es responsable del manejo de las áreas que le son asignadas.
– ¿Usted o su equipo tuvieron conocimiento de esos manejos irregulares?, se le preguntó.
«No y siempre pedí que en todas las áreas se revisaran por quién correspondía», respondió.
– ¿Tiene responsabilidad en el caso?
«¿Responsabilidad de qué? Apenas es una investigación», aseveró.
Es lunes, REFORMA publicó que Martínez Zamora desvió fondos que estaban destinados a pagar una plataforma de inteligencia contratada con una empresa del Gobierno de Israel.
A la funcionaria, que ahora está prófuga desde 2020 y con ficha roja de la Interpol, se le atribuye el presunto desvío de más de mil 760 millones de pesos.
La acusada ha sido operadora financiera de Osorio Chong desde que éste inició su carrera política en el estado de Hidalgo, donde fue directora de Recursos Materiales en la Oficialía Mayor de la gubernatura.
En otra etapa, también bajo el mando del entonces Secretario de Gobernación, ella fue titular de la Unidad de Administración y Finanzas del Cisen.
Cuestionado sobre su cercanía, el legislador federal consideró que no se deben adelantar juicios.
– ¿Es cercana o está vinculada con usted?
«Todos los que tenían un encargo eran gente que tenían relación. Pero el tema es el imperio de la ley y no juzgar anticipadamente», expresó.
Osorio Chong manifestó su confianza en el Poder Judicial para conducir la investigación y deslindar responsabilidades.
«Es un proceso que inició la Función Pública a la extinta Policía Federal y será el Poder Judicial quién esclarezca esta investigación, junto con la misma Secretaría», dijo.
«Y pues yo confío en la autoridad del Poder Judicial para que investigue y deslinde responsabilidades en estricto apego a la ley».
El contrato investigado fue firmado en 2015 por 133.9 millones de dólares con la paraestatal Rafael Advanced Defense Systems (RADS), una de las mayores proveedoras de las Fuerzas Armadas de Israel.
El servicio contratado fue para el «análisis, diseño e implementación de la plataforma del Sistema de Explotación de la Información de Inteligencia», que a la fecha no es utilizado por la Guardia Nacional (GN), pero por el cual se pagaron al menos 65.5 millones de dólares, es decir, la mitad de lo acordado.
