Carlos Treviño Medina, el último director de Pemex del sexenio pasado, denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a Emilio Lozoya por falsedad en declaración, así como a los funcionarios de esa dependencia que presuntamente lo protegen al no corroborar sus dichos.
El ex funcionario señala a la FGR de usar políticamente a Lozoya –también titular de Pemex en la administración de Enrique Peña Nieto– y de tratar de presionarlo para que rinda un testimonio contra el ex Presidente Felipe Calderón, aunque anticipa desde ahora que no lo hará.
“El Ministerio Público no ha investigado ni corroborado lo manifestado por un testigo no confiable, de oídas y con incentivo para mentir, por eso tan responsable es Emilio Lozoya por mentir como los servidores públicos que fingen creerle y protegen su declaración mediante la omisión de investigar.
“De ahí que me quieran judicializar y mantener recluido en una prisión de máxima seguridad para obtener de mi persona una declaración falsa contra el ex Presidente Felipe Calderón y otros funcionarios con los que colaboré cuando fui servidor público. No lo voy a permitir y no lo voy a hacer”, señala.
Treviño estaba citado ayer a una audiencia ante el juez de control Daniel Ramírez Peña, que despacha en las instalaciones del Penal del Altiplano, para ser imputado de los supuestos sobornos por el contrato de la planta de Etileno XXI a Braskem, filial de Odebrecht.
Lozoya afirma desde su denuncia del 11 de agosto de 2020 que Luis Alberto de Meneses Weyll, ex directivo de Odebrecht en México, le dijo en 2013 que Treviño fue uno de los funcionarios que ayudaron a conseguir ese contrato.
Agrega que en septiembre de 2014 envió 4 millones de dólares en efectivo a Treviño, como pago por la adjudicación, así como por mantener inamovibles las condiciones del convenio.
En su querella, Treviño no solamente dice que todo lo anterior es falso, sino que es imposible que haya sucedido, porque él no ocupaba ningún cargo en Pemex cuando se desarrolló la licitación y se asignó el contrato a Braskem-IDESA, ni tampoco cuando Lozoya dice que supuestamente le envió el soborno.
“Respetuosamente le señalo que una prueba irrefutable de la parcialidad, mala fe y utilización política de Emilio Ricardo Lozoya Austin es la omisión de esa FGR de citar a Luis Alberto de Meneses Weyll desde el inicio de la investigación en agosto de 2020 para contrastar su versión con la de Lozoya”, dice la querella.
En principio, recuerda que el contrato para construir la planta de polietileno fue asignado a Braskem-IDESA el 6 de noviembre de 2009, pero del 16 de diciembre de 2006 al 31 de enero de 2010 él se desempeñó como director general de la Subsecretaría de Egresos en la Secretaría de Hacienda y Oficial Mayor de la Secretaría de Energía, cargos ajenos a ese convenio.
Aunque en este asunto se cuestiona el bajo precio del etano a los brasileños, Treviño indica que la fórmula para fijar el costo fue autorizada el 11 de febrero de 2010 por la Comisión Reguladora de Energía, una institución a la que tampoco pertenecía.
Con base en este precio, el 19 de febrero del mismo año se celebró el contrato de suministro, y si bien Treviño reconoce que ya era director corporativo de Finanzas de Pemex en ese momento, apenas llevaba 18 días en el encargo, el primero que tuvo en la empresa productiva del Estado y en el que permaneció hasta el 15 de enero de 2011.
“En suma, no pude recibir y niego haber recibido soborno alguno en 2014 y niego haber recibido soborno alguno por la realización de actos anteriores que, aseguro, no existen”, señala.
