Personal de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) ha sido denunciado por lucrar con la entrega de permisos para gasolineras y por pedir “cooperaciones” para agilizar los trámites.
En una denuncia presentada el 21 de octubre de 2020 ante el órgano interno de control de la CRE y desechada apenas en mayo pasado, se involucra a una comisionada y un ex comisionado, quienes, tras ser rechazados por el Senado, fueron impuestos por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
En febrero del 2019 el Presidente propuso a cuatro candidatos para suplir las vacantes de comisionados que se tenían en el órgano regulador bajo el argumento de limpiar de corrupción a estos organismos por presuntamente favorecer a empresas privadas.
En la denuncia se señala a la comisionada Guadalupe Escalante Benítez; a su jefe de oficina, David Daniel Elvira, al jefe de la unidad de hidrocarburos, Gustavo Sánchez Lugo, así como al ex comisionado José Alberto Celestinos y a su jefe de oficina, Alejandro Ledezma, de recibir pagos por pasar las solicitudes de permiso al pleno del órgano regulador para su aprobación.
El documento menciona que ambos comisionados despachaban desde una oficina ubicada en Viaducto 106 como una extensión de las instalaciones de la Comisión, en la que negociaron con particulares pagos para agilizar permisos de estaciones de servicio.
La oficina señalada pertenece al ex comisionado Celestinos, confirmaron fuentes relacionadas con el tema.
Actualmente, este funcionario es asesor de la titular de Energía, Rocío Nahle.
Al ser consultado, Celestinos declinó dar su versión.
Los montos para agilizar los permisos eran hasta de 500 mil pesos, de acuerdo con la denuncia.
En dos audios de llamadas de noviembre del año pasado, particulares marcan a la oficina de los “gestores” y preguntan por el estatus de sus permisos, los cuales, dijeron, habían sobrepasado el tiempo de espera tras los supuestos pagos.
En los audios se menciona a la empresa Kokani S, cuyos accionistas son Martha Solís, Juan Morfín, Salvador Campos y Martha Elena Bartolo, quien afirma haber hecho una “contribución” que le fue solicitada por Sánchez Lugo y Maldonado para la obtención de su permiso.
La otra es Altus Energy, cuyos representante legal es Jaime Humberto Álvarez, y que cuenta con una gasolinera en Aguascalientes.
Y omite conflicto de interés
Guadalupe Escalante Benítez, integrante de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), omitió en su declaración que tiene un hermano que labora en una subdirección de Pemex.
Benjamín Escalante Benítez, coordinador especialista de la Subdirección de Abastecimiento con sede en Pemex Corporativo, tomó posesión en septiembre de 2019, cuando Guadalupe ya era comisionada del CRE en su primera encomienda en ese cargo, de abril a diciembre de 2019.
Ambos hermanos habían laborado en Pemex desde los 90. Guadalupe estuvo en la Gerencia de Programación de Pemex Petroquímica, de 2003 a 2014, y fue superintendente de Planeación, de 1999 a 2003. Su hermano estuvo en la Gerencia de Recursos Materiales de 1996 a 2003, antes de su actual cargo.
En febrero de 2019, Guillermo García Alcocer, ex comisionado presidente de la CRE, fue señalado en la conferencia mañanera de conflicto de interés porque un primo de su esposa trabajaba en una empresa regulada por el organismo. Sin embargo, García Alcocer se retiró de las decisiones referentes a esa empresa e hizo manifiesta esta relación de parentesco en cuarto grado desde su ingreso a la CRE en 2016.
El Artículo 12 de la Ley de Órganos Reguladores establece que en el caso de la familia política o parentesco por afinidad, el conflicto de interés sólo ocurre con familiares de segundo grado.
